Pasos y plazos de la reforma

Ivana Fux [email protected] El gobierno de Miguel Lifschitz puso en marcha su plan para intentar reformar la Constitución provincial en 2017. El esquema de trabajo pretende avanzar sobre diferentes andariveles de modo paralelo. En lo estrictamente político, arrancará la semana próxima con la ronda de consultas a los partidos con representación parlamentaria, que abrirá el radicalismo. En simultáneo, se extenderán las conversaciones con especialistas y en el “territorio”, para que también opine la sociedad civil. Al mismo tiempo, se habilitará una “plataforma digital” que centralice información y permita intervenciones de manera individual, grupal o institucional. En un juego de espejos, el gobierno pretende contraponer “la Constitución que tenemos vs. la Constitución que queremos”. Y para eso, desarrollará una estrategia comunicacional que apuntará a responder “por qué es necesaria” la reforma: “por qué es un texto sin reformas desde hace 54 años... Por qué es necesario encaminarse hacia una Constitución del siglo XXI”, son algunas de las respuestas que se ensayan. Al margen de la discusión política que deberá zanjarse para concederle viabilidad a la reforma, primero, y para consensuar los temas a incluir después, la manera en la que desde el Ejecutivo se presentó el proceso en diferentes borradores -que ya comenzaron a circular y sobre los que diera cuenta El Litoral esta semana- ya generó algunas controversias. “La reforma debe ser tomada como una política de Estado y como un proyecto estratégico de un gobierno progresista”, dice uno de los papers que circuló entre los ministros del Poder Ejecutivo. A juicio del constitucionalista Domingo Rondina, sería “un error” plantear el debate en términos de “una reforma oficialista”. “Estoy de acuerdo ideológicamente con la mayoría de avances que hizo el Frente Progresista, pero hay que evitar miradas partidistas en la elaboración de un proceso participativo”, alertó. En el mismo sentido, planteó críticas hacia la amplitud de temas que se proponen para el debate. De hecho, los borradores incorporan al menos nueve ejes temáticos, que proponen discutir desde el cese de la inamovilidad de los jueces a los 65 años o la remuneración de los legisladores, hasta la declaración del agua como derecho humano fundamental. “No puede haber un menú de 200 temas; para que haya consenso, es necesario contar con un menú breve y claro, y promover la discusión sobre posturas concretas sin preguntas abiertas”, advirtió. Los plazos pensados por el Ejecutivo prevén agotar en el corriente mes el diálogo con los partidos políticos, presentar el 22 de agosto el plan de trabajo, y en febrero del año que viene, las conclusiones del proceso participativo. Para entonces, es posible que ya haya comenzado a correr el cronograma electoral de las elecciones de medio término en la provincia, que seguramente serán promediando el año. Y será entonces también un desafío compatibilizar dicho calendario con una eventual elección de convencionales constituyentes. Ello, siempre y cuando haya sido exitosa la construcción de consensos, y en tanto y en cuanto el gobierno de Miguel Lifschitz no haya tomado el tema “como una cortina de humo” -tal como lo sugirió esta semana la dirigente del PRO, Anita Martínez-, sino como una verdadera política de Estado.