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Jueves 11.08.2016 | Última actualización | 12.08.2016 | 11:04
19:05

Intervino el Centro de Asistencia Judicial

Evitan que el caso de abuso sexual a una niña termine en un juicio abreviado

La víctima, de 12 años, quedó embarazada como consecuencia del abuso por parte de su cuñado. La fiscalía y la defensa habían acordado un juicio abreviado con una pena de seis años de prisión, pero el organismo dependiente del Ministerio de Justicia y DDHH se opuso por la gravedad del hecho y continuará el proceso penal.

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Intervino el Centro de Asistencia Judicial Evitan que el caso de abuso sexual a una niña termine en un juicio abreviado La víctima, de 12 años, quedó embarazada como consecuencia del abuso por parte de su cuñado. La fiscalía y la defensa habían acordado un juicio abreviado con una pena de seis años de prisión, pero el CAJ se opuso por la gravedad del hecho y continuará el proceso penal. La víctima, de 12 años, quedó embarazada como consecuencia del abuso por parte de su cuñado. La fiscalía y la defensa habían acordado un juicio abreviado con una pena de seis años de prisión, pero el organismo dependiente del Ministerio de Justicia y DDHH se opuso por la gravedad del hecho y continuará el proceso penal.

Fuente: Secretaría de Comunicación Social


El Centro de Asistencia Judicial (CAJ) de la ciudad de Santa Fe interviene en un caso en el que una niña de 12 años fue abusada por su cuñado y quedó embarazada. 


La fiscalía y la defensa habían acordado un juicio abreviado con una pena de seis años de prisión, pero el organismo dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos se opuso por la gravedad del hecho. 


Finalmente, el fiscal regional, luego de escuchar la opinión de la madre de la víctima, ordenó que continúe el proceso penal según corresponde.


“No es la primera vez que el CAJ obtiene un resultado favorable al oponerse a un abreviado”, recordó la directora de Acceso a la Justicia y Asistencia Judicial, Zulema Rivera, también abogada querellante en esta investigación junto a Federico Lombardi. 


“En el femicidio de Griselda Correa, de gran repercusión, antes de que la causa pasara a juicio nos opusimos al acuerdo al que habían llegado el fiscal interviniente y la defensa del imputado, logrando también que continuara el proceso penal que corresponde”, explicó Rivera.


ANTECENDENTES DEL CASO

 

La intervención del CAJ se remonta a julio del año pasado, cuando la madre de la víctima se acercó a la institución y comenzó a recibir asistencia interdisciplinaria y asesoramiento jurídico. Debido a la gravedad del caso, Rivera y Lombardi se constituyeron como querellantes y tras obtener parte activa en el proceso tomaron conocimiento de que entre el fiscal y la defensa del imputado se había acordado un abreviado por la pena de seis años de prisión.


En abril pasado los querellantes manifestaron su disconformidad por escrito argumentando que, de aprobarse el acuerdo, se violaría el interés superior de la niña dado que ésta nunca fue escuchada en sede judicial. Por otra parte, Rivera y Lombardi no consideraron agotada la investigación penal preparatoria (IPP) dado que a su criterio podría variar la escala penal si se constata que la víctima sufrió un grave daño en la salud física o mental (cambiaría entonces la escala penal de ocho a 20 años, tal como lo prevé el artículo 119 del Código Penal). Por último, el CAJ destacó que al existir un resultado de prueba de ADN positivo entre víctima e imputado no hay motivos para no ir a juicio oral.


El fiscal regional, luego de escuchar la opinión de la madre de la adolescente, decidió no hacer lugar al juicio abreviado, ordenando que continúe el proceso penal según corresponde.


Vale recordar que la Oficina de Asistencia a la Víctima de los CAJ es la única oficina de víctimas del país que puede ejercer representación de las mismas en juicio, patrocinándolas o, mediante poder especial, constituyéndose como querellantes.


Los CAJ fueron creados en 2009 en distintos puntos de la provincia y actualmente funcionan cinco sedes en las ciudades de Rosario, Santa Fe, Tostado, Vera y Reconquista; con el objetivo de ofrecer contención, respuesta y acompañamiento a víctimas y testigos de delitos. Además de la asistencia jurídica que prestan los abogados, estos centros cuentan con equipos de psicólogos y trabajadores sociales a los fines de brindar una asistencia integral a los damnificados y sus familiares.


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