Informe de la UCA: más pobres y emergencia nutricional

Al analizar las cifras que se desprenden del informe elaborado por la UCA, Agustín Salvia, director de investigación del Observatorio de la Deuda Social, advirtió que hay "4,4 millones de personas que viven en hogares donde hay riesgo de padecer hambre". Y aseguró que "el desafío no es solo crecer, reactivar el empleo y reducir la pobreza, sino fundamentalmente introducir al país en una senda de desarrollo socioeconómico y ambiental", al tiempo que aseveró que "es tiempo de recuperar las estadísticas públicas" y "aprovechar la oportunidad histórica para producir un cambio en las políticas económicas y sociales".

Dijo que "una disminución significativa de los niveles de pobreza solo tendrá lugar por efecto de un conjunto de factores, como caída de la inflación, recuperación del crecimiento, mejora del escenario laboral y el incremento de la inversión social equitativamente distribuida".

El informe

Con el título “Tiempo de balance: deudas sociales pendientes al final del Bicentenario. Necesidad de atender las demandas del desarrollo humano con mayor equidad e inclusión social”, ayer a la tarde fue presentado el informe de la UCA (Universidad Católica Argentina) en el campus de Puerto Madero.

Agustín Salvia, director de investigación del Observatorio de la Deuda Social, explicó que el informe permitió establecer que, entre diciembre y abril último, la cantidad de pobres aumentó en un 1,4 millón y que “más de 400 mil personas se sumaron a la indigencia”, en un contexto en el que -resaltó- “los programas sociales fueron un buen cinturón de seguridad” para los sectores más desprotegidos.

El trabajo mantiene un equilibrio entre “los graves errores cometidos en materia de política socioeconómica” de los últimos años que, según Silva, no contribuyeron a erradicar la “pobreza extrema” (que afecta a 4 millones de personas) y los “costos sociales que están generando las medidas de ajuste importante durante los últimos meses”.

El equipo de la UCA relevó información de la situación social del país entre el 2010 y y el 2015, es decir, los últimos 5 años del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, y lo difundió como un “diagnóstico cierto de la efectiva situación social heredada” por la administración de Mauricio Macri y los “urgentes desafíos” que se plantean.

Como una de sus conclusiones finales, el estudio advirtió que “no cabe esperar un derrame social sin un modelo que integre subsidiariamente al sistema socioproductivo moderno y eleve la productividad de los sectores informales protegiendo los derechos de los trabajadores”.

En una detallada síntesis, Salvia resaltó como objetivos “imprescindibles para no profundizar la brecha de pobreza” que los sectores sociales más postergados accedan a la “seguridad social y a programas de transferencias de ingresos”.

Del informe se desprende que entre 2010 y el 2015 “mejoró el empleo decente” para la franja de trabajadores con mejores condiciones laborales, que agrupa al 43 por ciento del total de personas con capacidad laboral plena en los centros urbanos, de acuerdo con un relevamiento sobre 5700 hogares y 14 mil entrevistados de 20 ciudades/localidades.

Nuevos pobres

En la introducción, si bien se destaca que el gobierno de Macri busca “soluciones más estructurales en la lucha contra la pobreza a través de un régimen de mayor libertad económica y seguridad jurídica, a partir de lo cual confía en lograr un derrame de inversiones, empleo y bienestar” considera que se han tomado medidas de alivio para atravesar la “tan inevitable como dolorosa transición” pero que -por lo general- se adoptaron “de manera tardía”.

Entre esas medidas se destaca el aumento en las prestaciones por jubilación y pensión, programas sociales y asignaciones familiares; decretos de transferencias extraordinarias; reducción del mínimo no imponible de ganancias; ampliación de las tarifas sociales; adelantamiento del consejo del salario mínimo; mantenimiento del sistema de precios cuidados; mejoramiento de los servicios públicos; reducción parcial del IVA a los alimentos para beneficiarios de programas sociales y jubilados.

El informe indica que hay “millones de hogares que fundan su subsistencia en trabajos precarios, pequeños comercios y trabajadores eventuales” a los que “no llegan los aumentos por paritarias, ni las tasas de interés favorables, ni las tarifas sociales, ni el salario familiar, ni los aumentos en los programas sociales” y considera a esta “masa de segmentos vulnerables de clase media baja o sectores populares” como los “nuevos pobres” que emergen de medidas normalizadoras adoptadas por el actual gobierno.

Asimismo se reconoce que el gobierno necesita "tiempo" para que la economía comience a crecer, pero advierte que “muy poco se logrará al respecto si durante este duro tránsito no hay una distribución socialmente más equitativa de los costos del ajuste y de los recursos disponibles”.

El informe fue presentado por el rector de la casa de estudios, monseñor Víctor Manuel Fernández, el director de investigación del Observatorio de la Deuda Social, Agustín Salvia, con comentarios de José Nun, María del Carmen Feijoó y Daniel Arroyo.