Piden indagar a Cristina por irregularidades en la obra pública

El Litoral

DyN

Los fiscales federales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques pidieron que la ex presidenta Cristina Fernández sea llamada a prestar declaración indagatoria por el supuesto montaje de una estructura para favorecer al empresario Lázaro Báez en la adjudicación de obra pública durante su gobierno.

El requerimiento de los funcionarios del Ministerio Público, que abarca a la vez a otros 33 imputados, se refiere a la construcción de rutas en la provincia de Santa Cruz entre 2003 y 2015, que estuvo virtualmente monopolizada por Austral Construcciones y sus empresas satélites, propiedad de Lázaro Báez.

Además de la ex presidenta y Báez, los fiscales le pidieron al juez federal Julián Ercolini que cite a indagatoria al ex ministro de Planificación Julio De Vido; el ex secretario de Obras Públicas José López; y al subsecretario Abel Fatala.

Fernández y Báez, sostuvieron los fiscales, "se habrían dedicado de manera sistemática y constante a llevar a cabo negocios espurios con el objetivo de apropiarse de fondos públicos, evidenciando de esta manera una matriz de actuación propia, en lo que la comunidad internacional ha definido como hechos de corrupción".

Los acusadores entendieron que existió una planificación cuyo objetivo final era que Báez se quedara con esas contrataciones estatales, y para ello primero lo introdujeron en el mundo de la construcción de grandes obras sin que tuviera antecedentes para ello; luego instruyeron a funcionarios nacionales sobre la forma de disponer de las obras y, finalmente, direccionaron las adjudicaciones para el empresario kirchnerista.

"El amigo y socio comercial de la ex familia presidencial era el más beneficiado en los procesos de licitación, adjudicación y control de obra pública vial que eran asignados a las empresas de su grupo económico -entre ellas, Austral Construcciones, Kank y Costilla, Gotti y Sucesión de Adelmo Biancalani-", sostuvieron.

Y resaltaron que en esa supuesta operatoria Báez "paralelamente le garantizaba a los Kirchner, ingresos millonarios a partir del alquiler de sus establecimientos hoteleros lo que evidencia que esta maniobra podría tratarse del paso previo de la hipótesis de lavado de dinero que se investiga en la causa conexa denominada 'Hotesur'".

En cuanto a los pedidos de indagatoria para De Vido, López y Fatala, el planteo de los fiscales sostiene que "existió una decisión desde la cúpula del Poder Ejecutivo de enriquecer con fondos públicos al empresario Lázaro Antonio Báez y cómo su planificación tuvo origen días antes a la asunción del ex presidente Néstor Carlos Kirchner en el año 2003".

Para ello, Báez obtuvo la adjudicación de "prácticamente el 80 por ciento" de la obra pública en Santa Cruz, en medio centenar de contratos por unos 16 mil millones de pesos.

En medio de las dos puntas del armado (el gobierno y el empresario) fueron designados funcionarios de segundo rango que contribuyeron a darle forma de legalidad a esa decisión que, según los fiscales, tenía matriz delictiva.