Tras la polémica por las declaraciones de Pullaro contra el Poder Judicial, el titular de la Corte Suprema, Rafael Gutiérrez, dijo que el ministro de Seguridad “no sabe dónde está parado”.
De la redacción de El Litoral
Corresponsalía Rosario
El gobernador Miguel Lifschitz se reunirá hoy, a las 19, con los fiscales de Rosario y buscará aplacar la disputa que surgió durante esta semana tras los cruces entre el ministro de Seguridad Maximiliano Pullaro y los miembros del Poder Judicial, entre ellos los integrantes de la Corte Suprema de Santa Fe.
El objetivo, según plantearon fuentes cercanas al gobernador, es dialogar y ponerse a trabajar para enfrentar este nuevo recrudecimiento de la inseguridad en Rosario y Santa Fe. El próximo jueves a través de las redes sociales se convocaron marchas en reclamo de seguridad en distintos puntos de la ciudad, como los Tribunales y en el norte de Rosario, en Rondeau y Martín Fierro, donde el domingo pasado ya hubo un piquete espontáneo de los vecinos tras una entradera.
Alejado de los despachos y fuera de las discusiones políticas, Enrique Bertini, el empresario que fue víctima de una entradera en la que asesinaron a su hijo Mariano en agosto de 2014, planteó algo simple y concreto que se escucha fuera de los despachos: “Pónganse de acuerdo y hagan algo”.
Su tragedia atraviesa historias que se multiplican día a día y no tienen respuesta desde el plano preventivo de la seguridad ni en la búsqueda de justicia. Por el crimen de su hijo no hay ningún detenido ni tampoco una sola pista sobre los responsables.
Violencia en aumento
Tras la sucesión de hechos violentos durante los últimos días 24 crímenes en un mes se gestó una disputa entre el Ejecutivo y la Justicia, alimentada por las declaraciones de Pullaro.
El ministro de Seguridad encendió la chispa al plantear: “Ninguno de los que tenemos responsabilidad nos podemos hacer los zonzos o los boludos. Desde el Poder Ejecutivo trabajamos mucho, pero hay otras patas que se tienen que hacer responsables”.
El enojo de Pullaro se originó después de que se conociera que Andrés Soza Bernard, acusado del homicidio de Fabricio Zulatto, quien fue encontrado asesinado dentro de un pozo en una villa de Rosario, gozaba legítimamente de libertad condicional desde el año pasado.
Soza Bernard fue condenado a 13 años de prisión en 2010 por el crimen de la adolescente Gabriela Núñez, en 2008. A este homicida, la jueza Luciana Prunotto le dio la posibilidad de continuar con su carrera de contador en la Universidad Nacional de Rosario (UNR).
La magistrada señaló que le otorgó las salidas transitorias en base a informes y al seguimiento efectuado durante sus años de detención, que “eran todos positivos”. Aclaró además que la Fiscalía nunca se opuso a que Soza Bernard sea beneficiado con las salidas transitorias durante las cuales mató a Zulatto.
La misma jueza ya había quedado en el centro de una polémica en marzo pasado cuando se conoció que Ricardo Albertengo, el asesino del policía Mauro Mansilla, quien recibió un disparo en la cabeza en un intento de robo en el centro de Rosario, estaba prófugo desde julio de 2015 al no regresar de una salida transitoria desde la Unidad Penitenciaria 3.
“Declaraciones infundadas”
Durante la tarde de ayer, la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe hizo visible su malestar a través de un comunicado. “Son declaraciones infundadas de funcionarios del Ejecutivo, que no se corresponden con el necesario diálogo institucional que debe caracterizar la relación entre los poderes del Estado y que resultan lesivas de la independencia del Poder Judicial, que constituye una garantía de los ciudadanos y no un privilegio del juez”.
A la par del comunicado de la Corte Suprema, el presidente de ese tribunal Rafael Gutiérrez exteriorizó su enojo con el titular de la cartera de Seguridad. “Este muchacho, el ministro de Seguridad, no conoce bien dónde está sentado”, sostuvo en diálogo con Radio Dos de Rosario.
“En materia de Seguridad, la autoridad preventora es el Poder Ejecutivo. La Policía y el Ministerio de Seguridad de la provincia deben prevenir y los jueces tienen que aplicar la ley de acuerdo a la Constitución”, manifestó Gutiérrez.
Daniel Erbetta, otro miembro del tribunal, se había manifestado en el mismo sentido que Gutiérrez. “Entiendo que esta seguidilla de hechos en Rosario le pone los pelos de punta a cualquiera, pero cuando uno se encuentra impotente frente a un problema que lo desborda me parece que lo primero que tiene que hacer es mirar hacia adentro de su propia estructura y no tratar de buscar un culpable hacia el costado”, sostuvo.
Opiniones cruzadas
Esa postura fue avalada además por el Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la provincia, que exteriorizó su “honda preocupación frente a la reiteración de ataques infundados contra integrantes del Poder Judicial provenientes de los ministros de Seguridad y de Justicia” del Ejecutivo santafesino.
En medio de la tensión entre el Gobierno y la Justicia provincial, Lifschitz salió ayer a respaldar a la Policía. “Hay que reconocer el esfuerzo de los efectivos. Pero parece que está de moda cuestionar a la Policía”.
“La lucha contra la inseguridad es una batalla larga, lo dijimos desde el principio. No vamos a ganar esta guerra rápidamente, pero necesitamos seguir insistiendo y avanzando en un plan de trabajo que nos planteamos desde el primer día y en el que necesitamos avanzar si se quiere más rápido”, aseguró el gobernador.
"Esto que hace el ministro de Seguridad se llama desplazamiento de responsabilidades. Lo que tiene que hacer Pullaro es asumir la responsabilidad que tiene, que tiene bastante, en vez de descargar todo en los jueces”. Rafael Gutiérrez, presidente de la Corte.
"Aquí nadie puede mirar para otro lado. El ministro Pullaro lo dijo de manera más contundente. Pero en definitiva se trata de esto, cada uno tiene que asumir sus responsabilidades y que hacer autocrítica. Es muy fácil tirarle la pelota al otro”. Miguel Lifschitz, gobernador de la provincia.