Tarifas eléctricas: la Nación ahorra U$S 4.000 millones

El fallo de la Corte recuerda argumentos antes usados por la Justicia Federal en Santa Fe. Los legisladores no pueden ampararse en la Ley 10.000 de intereses difusos.

Miércoles 7.9.2016

22:51

De la redacción de El Litoral

El visto bueno de la Corte al aumento de las tarifas eléctricas le permite al gobierno nacional no gastar unos U$S 4.000 millones en subsidios.

El fallo por unanimidad del más alto tribunal argentino revocó dos medidas cautelares. Una dictada por el juez federal platense Luis Arias y otra de su par de San Martín, la jueza Mariana Forns. Pero en este último caso, todos los integrantes de la Corte votaron en favor de devolverle a la Dra. Forns el expediente con unas duras reprimendas respecto de su labor (ver aparte).

Con su decisión, la cabeza del Poder Judicial desoyó el dictamen que horas antes había presentado la procuradora general, Alejandra Gils Carbó, que propuso mantener en pie la suspensión del cobro de los incrementos de la luz.

El amparo había sido presentado por los diputados bonaerenses del Frente para la Victoria, Walter Abarca y Evangelina Ramírez; por la Defensoría del Pueblo provincial, el Partido Justicialista y el Club Social y Deportivo 12 de Octubre. Y, antes de llegar a la Corte Suprema, la cautelar había sido confirmada por la Cámara Federal de La Plata.

El fallo es categórico. Sostiene que los denunciantes, como legisladores, “carecen de legitimación para actuar en representación del colectivo conformado por todos los usuarios del servicio de energía eléctrica” en el ámbito de la provincia. Y que tampoco tiene esa facultad el Partido Justicialista bonaerense ni, mucho menos, el secretario de la Defensoría del Pueblo provincial, un funcionario que no era el titular del organismo y que reemplazaba al titular, cuyo mandato había vencido.

Argumentos parecidos

La sentencia no resolvió la cuestión de fondo, es decir, los aumentos del gobierno nacional sobre la energía eléctrica, sino que amonestó a los jueces por aceptar amparos de quienes no podían solicitarlos por la Ley 10.000 de intereses difusos.

Algo muy similar ocurrió en Santa Fe con la presentación de los diputados provinciales Rubén Giustiniani, Silvia Augsburger y Fabián Palo Oliver, ante la Justicia Federal. Los legisladores del Frente Progresista, Cívico y Social no lograron que prospere su recurso de amparo contra el aumento de las tarifas de energía eléctrica y gas natural por parte del gobierno nacional.

El juez federal Nº 2 de Santa Fe, Francisco Miño, rechazó el pedido, porque “no tienen legitimación suficiente para representar”, al colectivo de los usuarios, a pesar de su condición de representantes del pueblo.

Tirón de orejas a la jueza Forns

Al rechazar dos fallos que admitieron recursos de amparo en primera instancia, la Corte Suprema de Justicia de la Nación también reprendió a la titular del Juzgado Federal de San Martín, Martina Forns.

Utilizó duros términos para la labor de la magistrada por haber dispuesto, por su cuenta, un per saltum. Si bien no revocó el fallo que había dictado la magistrada, el máximo tribunal dispuso su devolución y le encomendó “que, sobre la base de las rigurosas exigencias vigentes en materia de procesos colectivos (...) verifique la subsistencia de los presupuestos que habilitan su intervención en el proceso y, en su caso, adopte las decisiones que correspondan con arreglo al estado de la causa”. Los miembros del máximo tribunal cuestionaron el desarrollo “contradictorio de las actuaciones por parte de la señora jueza, con prescindencia de sus deberes como directora del proceso” y subrayó que su criterio “lesiona derechos de las partes de raigambre constitucional, al punto de que esta Corte ha privado de validez a decisiones que alteraban intempestivamente las reglas del proceso”. La Corte también fustigó a la jueza porque “desde un plano institucional” desplazó “discrecionalmente la radicación del asunto y trasladó a esta Corte la responsabilidad por la decisión final de un conflicto de gravedad institucional que la sociedad y los poderes políticos, de la Nación y de las Provincias, vienen aguardando con especial interés”. Forns se sustrajo “de sus obligaciones como jueza de la Nación, colocando a esta Corte en un escenario judicial en el que, por el momento, no le compete conocer, y comprometiendo el prestigio de todo el Poder Judicial, al frustrar las legítimas expectativas de los ciudadanos que aguardan la resolución definitiva de este conflicto, ignorando los ‘tecnicismos’ legales de las disposiciones regulatorias de la competencia, de los procesos colectivos y de la acumulación de procesos”.