Bullrich y Lifschitz comenzaron a definir el nuevo plan de seguridad

[email protected]

Cinco días después de cerrar el acuerdo de seguridad, el gobernador Miguel Lifschitz y la ministra Patricia Bullrich se volvieron a ver las caras para poner en funcionamiento en el terreno el plan de seguridad en el que trabajarán de manera coordinada en toda la provincia las fuerzas federales y provinciales.

La reunión que se realizó en la sede de la gobernación de Rosario no aportó claridad aún sobre la cantidad de efectivos federales que arribarán a la provincia. Sólo quedó flotando en el aire y en boca de la ministra de Seguridad de la Nación una fecha tentativa para la llegada de las fuerzas nacionales, que sería “fin de mes”. “Garantizo que van a ser muchos”, apuntó la funcionaria que se mostró su amplia sonrisa junto al gobernador que hace una semana acusó de “no comprometerse en depurar a la policía” de Santa Fe.

Como anfitrión del encuentro, el gobernador fue el encargado de realizar un breve prólogo a la conferencia de prensa, tras la reunión. Lifschitz recalcó que el trabajo de las fuerzas federales va a ser coordinado con la policía y que se piensa en diagramar un trabajo a mediano plazo. El acuerdo de seguridad estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2017.

Bullrich dijo que el trabajo en la provincia se dividirá en dos planos: “uno enfocado a la seguridad ciudadana y otro, que es el más importante a la investigación criminal”. Por eso la ministra pudo como un hombre clave para esta última función a Claudio Brilloni, director general de Inteligencia Criminal de Gendarmería.

El plan de trabajo tras la firma del acuerdo de seguridad, que se rubricó el lunes pasado en la Casa Rosada, seguirá con una reunión el próximo martes del comité operativo, que será encabezado por Brilloni, quien será el encargado de coordinar las tareas entre las dos fuerzas.

Dos días después Lifschitz y Bullrich se reunirán con jueces, fiscales y camaristas federales de Rosario y Santa Fe con el objetivo según trazó la ministra de Seguridad de la Nación de aceitar las investigaciones en ese fuero, donde hay falencias de infraestructura y administrativas desde hace tiempo. “Necesitamos más jueces para que haya más causas”, señaló Bullrich, y anunció que la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar) tendrá una sede en Rosario para darle más dinamismo a las investigaciones sobre estupefacientes.

“En el delito del narcotráfico es necesario ir detrás de organizaciones criminales, y sobre todo detrás de quienes financian estas bandas, que es uno de los eslabones más importantes. Necesitamos trabajar en más investigación”, destacó Bullrich en la conferencia de prensa que se realizó tras la reunión que duró más de una hora y media.

“Vamos a estar en las rutas y en los barrios en que hay violencia y delito y en aquellos lugares en que haya muchos casos con una alta tasa de muertes y en que los conflictos sean altos‘, agregó la funcionaria nacional.

“Estuvimos reunidos con gente del Ministerio de Justicia y el Concejo de Seguridad Interior y hemos acordado presentar un proyecto en el Congreso para que muchos de los jueces nacionales puedan especializarse en narcotráfico y también se van a enviar más fiscales a la provincia de Santa Fe”, sostuvo Bullrich.

La pata judicial

La otra pata vital del acuerdo de seguridad es cómo acompañará la justicia federal el incremento de las investigaciones de las fuerzas federales, con una estructura burocrática y logística que no cambió en los últimos 30 años. Lo que se promueve desde la Procuración contra la Narcocriminalidad (Procunar) es que se refuercen las tres fiscalías que actualmente hay en Rosario y las dos de Santa Fe (esta última a cargo de un solo fiscal).

Una de las ideas que se manejan es la conformación de un equipo de investigadores que refuercen las fiscalías. Uno de los motivos es que hay una nutrida cantidad de información sobre narcocriminalidad pero que muchas veces esa “data” no se profundiza e investiga por varios motivos, entre los cuales aparecen más visibles la enorme cantidad de causas que hay en las fiscalías, en las que en 2015 se iniciaron más de 1.800 causas, y también escasa dinámica para cerrar expedientes más antiguos para renovar las pesquisas.

Por ejemplo, ninguna de las causas más emblemáticas que se abrieron en los últimos cuatro años llegó a juicio oral, como la que tiene entre los procesados al ex jefe de la Policía Hugo Tognoli; a Delfín Zacarías, que le secuestraron en octubre de 2013 la mayor cocina de cocaína de la provincia, con capacidad para producir unos 500 kg por mes, o Reina Isabel Quevedo, quien fue apresada en Salta con 80 kg de estupefacientes que planeaba traer a Rosario.

La cantidad de nuevas causas que se inicien también dependerá del caudal de investigaciones que realicen los efectivos de las fuerzas federales. Se proyecta un esquema de trabajo nuevo, con grupos especializados en inteligencia criminal que operarán en la provincia con casos particulares que ya vienen siendo seguidos de cerca desde los últimos dos años desde las oficinas en Buenos Aires. Por su lado, la policía provincial tendrá su propia tarea, centrada en la prevención del delito en la calle, como se empezó a ver en las últimas dos semanas, con despliegues en zonas sobre todo muy visibles. Para ello en el gobierno están en la búsqueda de aceitar el nuevo sistema de patrullajes por cuadrantes, con monitoreo permanente a través de GPS. La gestión de Miguel Lifschitz ya llamó a una licitación por más de 1.000 millones de pesos para la construcción de seis megacomisarías en Rosario, donde se ubicarán una en cada distrito. Este plan se trasladará luego a la capital provincial y a las localidades más importantes de la provincia, como Rafaela, Reconquista y Venado Tuerto.

Otros temas pendientes

El acuerdo de seguridad se cerró el lunes pasado, luego de una reunión que el gobernador mantuvo con el presidente Mauricio Macri. Ambos dieron por cerrado un capítulo de las negociaciones cargado de tensión y desconfianza mutua. Pero ese encuentro puede marcar un quiebre en las relaciones entre ambos gobiernos. La reunión sirvió además para que se empezaran a charlar de otras cuestiones por fuera del problema de la seguridad, como la autorización que debe dar la Nación al endeudamiento por 500 millones de dólares que avaló la Legislatura de Santa Fe hace poco más de un mes. La contraprestación sería la adhesión de la provincia al blanqueo. Otro punto importante es el plan de pagos que propondría la Nación para la devolución de los fondos que le corresponden a Santa Fe luego del fallo de la Corte Suprema por la Caja de Jubilaciones.

Puertos abiertos a los controles

En su paso por Rosario, la ministra de Seguridad de la Nación Patricia Bullrich anunció que “firmaron un convenio con los 30 puertos privados que hay en Santa Fe para que la Prefectura Naval Argentina pueda ingresar a controlar en todos las terminales privadas y poner especial hincapié en la hidrovía”. También contó el trabajo que están haciendo la Fuerza Aérea en el seguimiento de los aviones y admitió que se hará un protocolo para saber qué hacer en casos en que se encuentre un avión en un vuelo irregular‘.