Justicia Federal fuera de época

Por Germán de los Santos Dos máquinas de escribir Olivetti descansaban hasta hace unos meses en una mesa de madera en el hall central del edificio de los tribunales federales de Rosario. No se usaban pero estaban allí. Acumulaban polvo y tentaban a quienes surcaban esos pasillos a apretar alguna tecla al pasar para escuchar ese sonido mágico. Resistían al universo digital como una especie de monumento de tiempos analógicos. Es que el tiempo allí parece detenido. Congelado. En Rosario, el último juzgado federal se creó en 1979, y desde esa época nada cambió en las entrañas del Poder Judicial. Lo que se modificó fue el resto, la otra realidad que hoy golpea con sangre las disputas cotidianas en torno al narcotráfico. Con una infraestructura similar a la que existía hace casi tres décadas, la Justicia Federal es la encargada de investigar y juzgar un tipo de delito que explotó en los últimos 10 años, y se volvió mucho más complejo, donde empezó a aparecer el lavado de activos, algo de lo que aún no existe una sola condena en ese fuero en territorio santafesino. El juzgado federal de Rafaela fue creado por ley en agosto de 2006, pero recién fue inaugurado ocho años después. A mediados de 2010 se promulgó a través del decreto Nº 1.128 la conformación de un juzgado federal en Venado Tuerto, una fiscalía de primera instancia y una defensoría pública. No existe aún ni siquiera el edificio en el que funcionará el organismo judicial. Según datos oficiales de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), en 2015 se iniciaron 1.938 causas por estupefacientes en la provincia. De ese total, en Rosario se abrieron 1.180 expedientes; en Santa Fe, 467; en Rafaela, 206; y en Reconquista 92. En Rosario, donde se gestiona la mayoría de las causas, hay tres fiscalías, que acumulan el 80 por ciento de las causas que les fueron delegadas. Más allá de la cantidad, lo que tercia en este tema es la calidad. El fiscal federal de Santa Fe, Claudio Kishimoto, lo dejó en claro esta semana. “La cuestión no es tanto la configuración del sistema judicial sino tener un mejor funcionamiento de las policías, gente operativa que trabaje sobre el lugar y sobre los hechos”, apuntó. Desde Procunar analizan actualmente un proyecto para acompañar la llegada de las fuerzas federales. Una de las opciones es desembarcar con un equipo de investigadores judiciales especializados que colaboren con los fiscales para inyectar mayor operatividad a las causas. Pero no sólo los juzgados y fiscalías quedaron desactualizados y con poca fuerza frente al tipo de delito que persiguen. En los juzgados de instrucción del fuero federal trabajan unas 60 personas en toda la provincia, según datos de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (Uejn). Y ya expresaron su preocupación ante jueces y camaristas sobre cómo enfrentarán esta nueva etapa con el desembarco de fuerzas federales, lo que implicará, según estiman, la duplicación de la cantidad de causas debido a nuevas investigaciones.