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Martes 20.09.2016
17:30

Por José Curiotto

Mucho más que un preso suelto y cinco policías en problemas

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Por José Curiotto Mucho más que un preso suelto y cinco policías en problemas

José Curiotto

redaccion@miradorprovincial


El gobierno provincial dispuso el pase a disponibilidad de cinco policías de la comisaría 26, ubicada en barrio Pompeya de la ciudad de Santa Fe, sospechados de haber facilitado la fuga de un detenido que se encontraba allí por una tentativa de robo calificado.


Esto significa que los efectivos -entre ellos el jefe de la comisaría- dejarán de prestar funciones, mientras la Justicia investiga si tuvieron algún tipo de responsabilidad -por complicidad o mal desempeño de sus funciones-. Hasta que la situación no se aclare, cobrarán el 75% de sus sueldos y permanecerán inactivos.


Los cinco policías pasaron a engrosar una lista que, hasta el fin de semana, integraban 21 efectivos suspendidos de sus funciones en el departamento La Capital, por distintas causas. 


Lo que sucede en la ciudad de Santa Fe y su zona de influencia no es un caso excepcional. En toda la provincia, el gobierno contabiliza más de 600 policías pasados a disponibilidad, mientras se aguarda la decisión judicial para saber cuál será el destino de cada uno de ellos. Si efectivamente se comprueba que delinquieron o facilitaron algún delito, serán exonerados. De lo contrario, volverán a cumplir sus funciones.


El problema es que, en algunos casos, hay policías que llevan más de una década aguardando certezas sobre su situación judicial. Se trata de casos investigados por el viejo sistema, caracterizado por demoras insostenibles que terminaban generando un verdadero estado de denegación de Justicia.


Pero éste no es el único inconveniente que dejó al descubierto la fuga de la comisaría 26. El secretario de Control de las Fuerzas de Seguridad, David Reniero, reconoció que el detenido que logró escapar no se encontraba alojado en un calabozo. Simplemente, porque esta seccional carece de la infraestructura necesaria para garantizar niveles mínimos de seguridad.


El funcionario prefirió no dar demasiados detalles. Sin embargo, fuera del sitio destinado a la guardia, las comisarías no suelen contar con mucho más que un baño, una cocina y una oficina. Resulta evidente que allí no pueden -y no deben- permanecer los detenidos.


Se trata de un problema de vieja data. Frente a un estado general de inseguridad que tiende a agravarse con el paso de los años, las cárceles están superpobladas y esto obliga al Estado a alojar presos en dependencias policiales.


En abril de este año, un grupo de detenidos de la Seccional 20 de la ciudad de Rosario protagonizó un motín que derivó en un principio de incendio por la quema de colchones. Los vecinos estaban aterrados. No sólo porque se escucharon disparos, sino porque esta comisaría se encuentra junto a una escuela y la revuelta se produjo cuando los chicos salían de clases. Al día siguiente, el gobierno dispuso el traslado de los amotinados a otras dependencias. 


Las autoridades son conscientes de la gravedad de la situación. Por ese motivo, en estos momentos la provincia de Santa Fe invierte alrededor de 1.000 millones de pesos en alrededor de 30 edificios destinados al sistema de seguridad. El plan de obras incluye tanto la construcción de nuevos inmuebles; como la refacción, recuperación y ampliación de otros establecimientos.


Entre los nuevos edificios aparecen unidades carcelarias que dependerán del Sistema Penitenciario y los denominados Módulos Transitorios de Detención, donde se alojarán los detenidos que no deberían estar más de 72 horas privados de su libertad.


Desde el Ministerio de Seguridad aseguran que los Módulos Transitorios de Detención previstos para el departamento La Capital están prácticamente terminados, pero se aguarda la habilitación correspondiente para que puedan ser utilizados.


Es cierto que la burocracia estatal tiene sus tiempos. Sin embargo, se hace imprescindible que la nueva infraestructura comience a funcionar cuanto antes. Mientras esto no suceda habrá más fugas y motines, menos policías en las calles y mayor desasosiego.


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