José Curiotto
Sobre la nueva administración pesa la crucial responsabilidad de reconstruir los niveles esenciales de credibilidad en la Argentina. El actual gobierno debería ser más cuidadoso al asumir compromisos.
José Curiotto
@josecuriotto
Las buenas intenciones son importantes. Sin embargo, en ciertas circunstancias no resultan suficientes.
Hasta hace tan sólo algunas semanas, el gobierno sostuvo que el proyecto de Presupuesto Nacional 2017 incluiría los fondos necesarios para que el año próximo fuera posible licitar la construcción de un nuevo puente entre las ciudades de Santa Fe y Santo Tomé -el Carretero atraviesa el final de su vida útil-. Desde distintos sectores y niveles políticos de la provincia también se esperaba que aparecieran estipulados los recursos para solventar el proyecto ejecutivo del futuro puente entre Santa Fe y Paraná.
Sin embargo, ninguno de estos proyectos aparecieron en el texto del presupuesto que la Nación presentó ante el Congreso para que comenzara a ser discutido.
Los primeros sorprendidos fueron los legisladores nacionales por Santa Fe que integran Cambiemos. Es que, a diferencia de quienes toman decisiones desde los despachos de Buenos Aires, son ellos quienes terminan dando explicaciones -lo que equivale a “poner la cara”- en las esferas locales. Y en este caso, ni siquiera habían sido advertidos del cambio de planes.
Sólo por mencionar algunos nombres, los diputados nacionales Mario Barletta (UCR), Hugo Marcucci (UCR) y Gisela Scaglia (PRO), comenzaron a pedir explicaciones a poco de enterarse de las malas nuevas. Tal fue el desconcierto que, en principio, algunos pensaron que había algún error de interpretación. La duda se pareció demasiado a una expresión de deseo.
Se trata de proyectos de enorme relevancia para la región. No sólo por lo que representan en materia de infraestructura y desarrollo, sino también desde un valor simbólico.
La construcción del puente entre Santa Fe y Santo Tomé, fue una promesa que en 2007 hizo el entonces presidente Néstor Kirchner, en compensación por los fondos aportados por la provincia para la construcción de la autovía de la Ruta Nacional 19. El kirchnerismo jamás cumplió su palabra. Con el nuevo gobierno, se esperaba que la situación fuese distinta.
El intendente José Corral se comunicó directamente con el ministro de Transporte de la Nación, Guillermo Dietrich, para conocer cuáles fueron las razones para no incluir estas obras en el Presupuesto. La respuesta fue, en pocas líneas, que el proyecto de ley original debió ser modificado luego del freno de la Corte Suprema de Justicia de la Nación al aumento de tarifas del gas y debido al retraso en la llegada de inversiones internacionales.
Es que, a diferencia de lo que vino sucediendo en la Argentina de los últimos años, todo indica que el Presupuesto 2017 -elaborado por Cambiemos- se sustenta en datos de la realidad, y no en meras especulaciones políticas.
Quizá sea cierto que el gobierno nacional no cuenta con los fondos que esperaba o que existan otras obras prioritarias en el resto del país. Tal vez sea posible, incluso, modificar el Presupuesto 2017 e incluir estos proyectos tan importantes para Santa Fe; o licitar el puente a Santo Tomé con recursos de Vialidad de la Nación -como sostuvo la intendenta santotomesina, Daniela Qüesta-.
Sin embargo, en este escenario de incertidumbre existe un factor clave que está en juego: el valor de la palabra. Sobre todo, con los antecedentes de 12 años en los que la confianza resultó bastardeada por un relato oficial de ficción -puentes que nunca se construyeron, pobreza oculta, inflación irreal, etc.-.
Hace bien Mauricio Macri en remarcar constantemente la importancia de hablar con claridad y decir la verdad. Por ese motivo, el actual gobierno debería ser más cuidadoso al asumir compromisos. No sólo para preservar un margen saludable de capital político, sino porque sobre la nueva administración pesa la crucial responsabilidad de reconstruir los niveles esenciales de credibilidad en la Argentina.
Sin estas condiciones básicas, el vínculo entre gobernantes y ciudadanos termina irremediablemente enrarecido.
Lo que está en juego, en definitiva, es mucho más que dos puentes. Y el gobierno debería saberlo.