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Sábado 01.10.2016 | Última actualización | 10:31
10:30

Contra organizaciones que operan en la región

Procunar: nuevos esquemas para combatir el narcotráfico

El lunes, la procuradora, Gils Carbó, firmará un acuerdo con Lifschitz para crear una oficina de alcance provincial. Un cuerpo de investigadores ayudará a los fiscales y buscará vincular causas ya abiertas.

Foto: El Litoral


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Contra organizaciones que operan en la región Procunar: nuevos esquemas para combatir el narcotráfico El lunes, la procuradora, Gils Carbó, firmará un acuerdo con Lifschitz para crear una oficina de alcance provincial. Un cuerpo de investigadores ayudará a los fiscales y buscará vincular causas ya abiertas. El lunes, la procuradora, Gils Carbó, firmará un acuerdo con Lifschitz para crear una oficina de alcance provincial. Un cuerpo de investigadores ayudará a los fiscales y buscará vincular causas ya abiertas.

El Litoral

Germán de los Santos

 

El próximo lunes, la procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, y el gobernador, Miguel Lifschitz, firmarán un acuerdo para que empiece a funcionar una delegación en la provincia de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), cuya función será aportar a través del trabajo de investigadores especializados una visión de fondo sobre el fenómeno del tráfico de estupefacientes, sobre todo en una labor que se centrará en vincular expedientes y ahondar en rutas, proveedores y vinculaciones con el Estado.

 

Este esquema de trabajo, según contaron a El Litoral altas fuentes de Procunar, ya se comenzó a implementar en la provincia de Salta, donde trabajan de manera coordinada fiscales del fuero provincial, federal e investigadores del organismo.

 

Un caso que usan como ejemplo para cristalizar el trabajo que comenzó a hacer Diego Iglesias al frente de Procunar, es el caso del ex juez federal de Orán Raúl Reynoso, actualmente procesado tras renunciar a su cargo, y sus relaciones con el empresario narco José Luis Sejas Rosales, que actualmente está detenido en la cárcel de Palmasola en Santa Cruz de la Sierra.

 

A través de cinco empresas que tenían contratos con YPF Bolivia, Sejas Rosales introducía cocaína oculta en camiones cisternas que tenían como destino final las ciudades de Rosario y San Nicolás. En los últimos cuatro años, se abrieron once causas por secuestro de cocaína cuyo denominador común eran los camiones de estas empresas. Pero el entonces juez Reynoso las investigaba por separado.

 

Después se detectó que Sejas Rosales pagaba dinero al magistrado federal para que no lo enviara a la cárcel, algo que se confirmó cuando no le dictó la prisión preventiva y el empresario se refugió en Bolivia, de donde va a ser difícil que salga porque a pesar de los pedidos de extradición tiene causas pendientes por lavado de dinero en Santa Cruz de la Sierra.

 

Lo que pretenden desde Procunar es hacer un trabajo fino y profundo en Santa Fe, donde se piensa trabajar sobre causas ya iniciadas, con el tiempo y la dedicación para poder atar cabos y formar vínculos para profundizar sobre las cabezas que mueven el negocio. Al seguir las rutas, es un nuevo desafío coordinar con otras jurisdicciones, como por ejemplo Corrientes, donde se establecieron nexos directos con la banda de Los Monos. Lo que aclaran desde el organismo es que los frutos de estas investigaciones no se van a ver en el corto plazo.

 

Desde el Ministerio Público, esperan que los jueces federales acompañen este nuevo esquema de trabajo. A diferencia de otras épocas, ahora hay un mayor involucramiento de la Justicia Federal tras el acuerdo que firmaron hace tres semanas la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el gobernador.

 

Propuesta

 

Hace una semana, ambos se reunieron con los magistrados y fiscales federales de Santa Fe. La ministra transfirió la propuesta que elabora su par de Justicia, Germán Garavano, de crear seis nuevos juzgados federales en la provincia. Es una medida esperada en la provincia de Santa Fe, donde desde hace años, se reclama por mayor presencia de la Justicia Federal. Pero esa nueva estructura llevará mucho tiempo. Se deben llamar a concursos y los pliegos pasar también por el Congreso. El problema es la coyuntura, el corto plazo, esgrimieron los funcionarios judiciales.

 

Un ejemplo claro es lo que ocurrió con el juzgado federal de Rafaela, que fue creado por ley en agosto de 2006, pero recién fue inaugurado ocho años después. A mediados de 2010, se promulgó a través del decreto Nº 1128 la conformación de un juzgado federal en Venado Tuerto, una fiscalía de primera instancia y una defensoría pública. No existe aún ni siquiera el edificio en el que funcionará el organismo judicial. En 2015, se iniciaron más de 1.800 expedientes por estupefacientes en la provincia.

 

Uno de los cuellos de botella se verifica en las fiscalías, donde más allá del trabajo actual en nuevas investigaciones, no se han elevado a juicio las causas más importantes sobre narcotráfico que surgieron en los últimos cuatro años, por lo que las prisiones preventivas se tienen que prorrogar tras las quejas de las defensas. Uno de los puntos del acuerdo de seguridad firmado entre el gobierno nacional y provincial prevé el traspaso de más de 300 causas sobre narcotráfico que la policía provincial viene investigando a manos de las fuerzas federales.

 

Lifschitz reclama que se duplique la cantidad de juzgados federales para enfrentar la lucha contra el narcotráfico desde que asumió. Actualmente, hay cuatro juzgados nacionales actuando en todo el territorio provincial y por el diagnóstico que realizan en la gestión del Frente Progresista se requieren por lo menos unos 16 para darle celeridad a los expedientes. El argumento que plantean desde la provincia es que se remitieron durante este año a la Justicia Federal unas 800 causas por narcotráfico, pero no pueden avanzar con rapidez.

 

Piden informes sobre el convenio

 

La diputada Mercedes Meier (Frente Social y Popular) presentó un pedido de informes acerca del convenio que el Ejecutivo provincial rubricó con el Ministerio de Seguridad de la Nación.

 

El pedido refiere específicamente a la novena cláusula del acuerdo que el gobernador Miguel Lifschitz firmó con Patricia Bullrich. En dicho apartado, se estableció que el comité de Seguridad previsto en el convenio “acuerde también un trabajo conjunto entre las Sedronar (Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico) y Aprecod (Agencia de Prevención del Consumo de Drogas de la Provincia de Santa Fe) y otros organismos nacionales y provinciales necesarios para hacer frente a la tarea a desarrollar”.

 

Para la diputada, “la inclusión tanto de la Aprecod como del Sedronar en un acuerdo vinculado con la seguridad expresa una concepción del problema de las adicciones alejada del paradigma de encuadrarlo como un problema social y de salud, de esta manera están relacionando directamente el consumo con el delito y eso es un prejuicio”.

 


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