La nueva demanda en contra de los ex jueces Ramón Tarchini Saavedra y Lucrecia Martínez Llanos, se concretó este miércoles, tras detectarse otras medidas cautelares dictadas por los ex magistrados en los dos últimos años, por una evasión impositiva que supera los 50 millones de pesos.
Dictadas por dos ex jueces santiagueños
Reclaman anular medidas cautelares por millonaria evasión impositiva
El apoderado de la Procuración del Tesoro de la Nación, José Luis Buxeda, pidió dejar sin efecto las medidas cautelares otorgadas por dos ex jueces santiagueños a favor del empresario periodístico Luis Manuel Pericás y 20 emisoras de frecuencia modulada de Tucumán.
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Asimismo, se investigan posibles maniobras de evasión al pago de tributos a Sadaic y Argentores, en una causa que podría ser derivada a la Justicia Federal de Santiago del Estero. En la misma causa, el juez Darío Alarcón anunció que el viernes próximo se realizará una ampliación indagatoria a Pericás, solicitada por los abogados defensores del propietario de LV7 Tucumán.
La denuncia del representante del Ejecutivo Nacional fue presentada ante el mismo magistrado que la semana pasada rechazó los pedidos de excarcelaciones de los ex jueces Tarchini Saavedra, Miguel Angel Moreno, Martínez Llanos, Pericás y el empleado judicial Eduardo Antuz.
En consecuencia, los tres ex magistrados permanecerán detenidos en la Escuela de Policía “Coronel Lorenzo Lugones”, mientras que Pericás seguirá alojado en una dependencia policial de la ex Fandet y Antuz, en la Alcaidía de Tribunales de Santiago del Estero.
Además, en el voluminoso expediente de más de 400 fojas, fueron incorporadas “grabaciones telefónicas entre los imputados” y que las investigaciones proseguirán en su juzgado porque los presuntos delitos fueron cometidos en Santiago del Estero.
El escándalo judicial, que derivó en las renuncias y de los tres ex jueces santiagueños, estalló cuando la Fiscalía de Tucumán denunció una defraudación cometida mediante irregularidades judiciales en la causa caratulada “Pericás, en contra de Marcelo Dittinis y gobierno de la provincia de Tucumán, por delito a establecer”.
Según la investigación, los ex magistrados hicieron lugar a medidas cautelares presentadas por Pericás y ordenaron embargos por 10 millones de pesos, para luego librar oficios que permitieron el cobro de más de 9 millones, provenientes de los fondos de coparticipación federal de la provincia de Tucumán.
Además de la denuncia de las irregularidades, la Fiscalía de Tucumán presentó un escrito “para la inmediata remisión del dinero que quedó embargado en los bancos, y los más de 9 millones obrados, librándose intimaciones contra los denunciados para que los devuelvan”.
Asimismo, se ordenó la inhibición total de los bienes de los detenidos en la causa, que incluyen viviendas, vehículos y terrenos.
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