Gabriel Rossini [email protected]
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El pedido de las centrales sindicales al gobierno para que habilite una serie de medidas que permitan recuperar al menos en parte el poder adquisitivo del salario terminó en una disputa que amenaza con partir una vez más el frente gremial y convertir la demanda en una “victoria” política del gobierno, aunque dejaría abierta una grieta por donde podrían empezar a colarse las protestas. Lo único que está fuera de discusión -y todos admiten- es que la mayoría de los argentinos tiene menos capacidad de compra que hace un año como consecuencia de las medidas tomadas por el gobierno. Después, cada uno puede defenderlas en nombre de la herencia recibida o cuestionarlas por la concepción política del que las tomó y las consecuencias sociales y económicas que producen. ¿De cuánto debe ser el bono compensantorio que reclaman las centrales sindicales? Es difícil saberlo, porque también hay diferencias en las distintas mediciones de inflación. Pero sin duda los 1.000 pesos que recibirán los jubilados y pensionados que cobran la mínima, los veteranos de la Guerra de Malvinas y los titulares de la Asignación Universal por Hijo y la Asignación por Embarazo para la Protección Social, no serán suficientes. Mientras para el Indec, la inflación de septiembre fue del 1,1, por ciento; para el observatorio de Datos Económicos y Sociales de la CGT los precios crecieron ese mes el 2,25 por ciento y en términos interanuales acumula 43,72 por ciento. La inflación Congreso, que tanto sirvió al actual oficialismo para hacer política cuando era oposición, midió 0,8 por ciento. Lo que más debería preocupar de la medición oficial de la inflación es el aumento de los alimentos, que duplicó al de la media del mes y alcanzó el 2,3 por ciento. En septiembre, los pobres bajaron un escalón y son más pobres. En Santa Fe, los gremios estatales pidieron un bono de 5 mil pesos y el gobierno les contestó que no tiene presupuestado el pago de ninguna asignación especial. En línea con los demás gobernadores, Lifschitz reaccionó ante el previsible pedido con una respuesta de manual: dijo que si tiene que pagarlo la Nación tendrá que darle la plata porque él no la tiene. En la semana que se inicia, los gremios del sector privado se reunirán con los empresarios convocados por el gobierno para determinar qué hará el sector privado. Aquí la situación es más complicada porque si bien hay algunos sectores que han recuperado actividad, la gran mayoría de los rubros está en una situación límite, producto de la recesión económica. No debería llamar la atención que, de otorgarse, el monto del bono o una parte de él, pueda ser deducido de los aportes a la seguridad social. Respecto de la exención de Ganancias en el medio aguinaldo, una medida que el gobierno anterior tomaba los fines de año, se hará en forma parcial y no incluirá a los que más ganan. De todas maneras se trata de un parche en un tema que Cambiemos, en su campaña, prometió derogar porque era injusto para los trabajadores. Lo más probable es que la CGT termine haciendo un mal acuerdo para los intereses que representa con el gobierno porque el “clima social” no corre a su favor y un paro general no tendría el impacto que debería tener. Antonio Caló lo dijo sin vueltas: “La mitad de los argentinos lo votaron a Macri y hasta que ellos no se enojen nosotros no vamos a poder hacer mucho”. Si bien está cayendo en las encuestas, el gobierno aún cuenta con el favor de la gente.