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Sábado 22.10.2016
19:03

Licitaciones bajo sospechas

Báez y Cristina: hay más pruebas y acusaciones

Pollicita y Mahiques describen una “maniobra” para beneficiar con fondos públicos al empresario K, hoy preso por lavado de activos.

Foto: Ilustración: Lucas Cejas.


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Licitaciones bajo sospechas Báez y Cristina: hay más pruebas y acusaciones Pollicita y Mahiques describen una “maniobra” para beneficiar con fondos públicos al empresario K, hoy preso por lavado de activos. Pollicita y Mahiques describen una “maniobra” para beneficiar con fondos públicos al empresario K, hoy preso por lavado de activos.

 

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ilustración: Lucas Cejas

 

 

De la redacción de El Litoral

politica@ellitoral.com

 

Los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques ampliaron hoy la imputación contra la ex presidente Cristina Fernández de Kirchner, en la causa en la que se la investiga por el presunto direccionamiento de las adjudicaciones de obra pública -durante su gestión- en favor del empresario detenido Lázaro Báez.

 

En un dictamen de 135 páginas que entregaron al juez federal Julián Ercolini, los fiscales aseguraron haber obtenido más pruebas de cómo fue la “maniobra ideada previamente, con el fin de asignar y destinar” por distintas vías oficiales “millonarias cantidades de fondos públicos” a Báez, “a quien en todo momento se quiso deliberadamente beneficiar”.

 

La ex mandataria está citada a prestar declaración indagatoria en el marco de esta causa el 31 de octubre y fuentes judiciales aseguraron a Télam que la ampliación de la imputación no implicará cambios en esa fecha, dado que el juez cuenta con el tiempo suficiente para correr vista a las partes antes de que se concrete esa cita judicial.

 

Quince casos

 

La maniobra se habría llevado a cabo a través de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) y analizaron 15 obras viales, que fueron presentadas como los casos testigos con los que respaldaron su nuevo dictamen.

 

“En todas las obras analizadas que le fueron adjudicadas a las empresas de Lázaro Báez en Santa Cruz se verifican numerosas y graves irregularidades que demuestran la existencia en los pasados años de una matriz de corrupción destinada a favorecer al empresario amigo de los ex presidentes en perjuicio de las arcas del Estado”, sostuvieron.

 

Pollicita y Mahiques aseguraron que el gobierno K “favoreció una millonaria asignación de recursos a la DNV dependiente del Ministerio de Planificación convirtiéndolo en el principal organismo a través del cual el Estado nacional invirtió en el país y en una caja de recursos dirigidos a la provincia de Santa Cruz”.

 

Un inspector para 18 obras

 

Las empresas ligadas a Báez (Austral Construcciones, Kandk y Costilla, Gotti) se presentaban por separado a las distintas licitaciones para simular competencia y para “aumentar el costo de la obra vial a través de cotizaciones superiores al presupuesto oficial”.

 

Según aseguraron los fiscales, el gobierno kirchnerista utilizaba luego decretos de necesidad y urgencia para elevar los presupuestos cuando fuera necesario.

 

Entre las irregularidades que encontraron en las obras adjudicadas a Báez, los fiscales subrayaron “la designación de un único representante técnico para todas las obras”. Debía vigilar “al menos 18 obras viales que se desarrollaban simultáneamente a lo largo y ancho de toda la provincia de Santa Cruz”.

 

También señalaron que Austral Construcciones utilizó la misma planilla de equipos y maquinaria para el desarrollo de múltiples y simultáneas obras viales.

 

Además del análisis de los 15 nuevos casos testigos que no habían incluido en su dictamen anterior, los fiscales enumeraron una serie de operaciones comerciales entre el matrimonio Kirchner y el empresario detenido a fin de demostrar el vínculo entre las partes investigadas por la maniobra de presunto fraude a las arcas públicas.

 

Bonadio dice no a unificar causas

 

  • El juez federal Claudio Bonadio volvió la idea de unificar las causas contra la ex presidente Cristina Fernández de Kirchner. Tras negar una supuesta “animosidad” en su contra, explicó que los juicios en distintos estrados hace más eficiente el avance de las investigaciones.

 

“Si esto se unificara en la etapa de instrucción, se vería que todo se empantanaría o sería mucho más lento; de esta manera se genera una agilidad que se va a reflejar en el juicio oral”, adelantó Bonadio, a cargo de las causas por el dólar futuro y Los Sauces que involucran a la ex jefa de Estado.

 

Negó que exista una parálisis o ralentización y describió: “En la causa Los Sauces, aparte de dos pericias contables que están en pleno desarrollo, tiene un despacho o un proveído de prueba cada dos o tres días. Lo mismo pasa con la causa que tiene que ver con el Memorandum de Entendimiento con Irán y lo mismo pasó con la causa del dólar futuro”.

 

Corrupción transnacional

 

  • En la Cámara de Diputados de la Nación un proyecto de ley que elevó la Casa Rosada impulsa fuertes penas para las personas jurídicas, entre ellas, las empresas, que cometan delitos de corrupción y cohecho, en transacciones internacionales.

 

Multas, pero también suspensión de actividades por hasta diez años, pérdida de beneficios o subsidios estatales, prohibición de participar en licitaciones públicas e, incluso, la pérdida de la personería jurídica, son los nuevos elementos punitivos que proponen la Oficina Anticorrupción (OA) y el Ministerio de Justicia.

 

Con las firmas de Laura Alonso y Germán Garavano, el mensaje propone modificaciones al Código Penal que hoy sólo sanciona a las personas físicas por los delitos contra la administración pública.

 

Lo que pretende el Poder Ejecutivo es extender la responsabilidad penal a las personas jurídicas, esto es, a las sociedades, asociaciones civiles, simples asociaciones, fundaciones, mutuales, cooperativas, ya sean nacionales o extranjeras, constituidas de hecho o de derecho, con o sin participación estatal.

 

El propósito es incentivar a las empresas a que elaboren medidas preventivas internas para prevenir delitos contra la administración pública. Y que en ello estén involucradas sus más altas autoridades, hoy exentas de responsabilidades penales, a menos que se pruebe su dolo, es decir, que se probara que conocían los hechos.

 

Entre las irregularidades que encontraron en las obras adjudicadas a Báez, los fiscales subrayaron “la designación de un único representante técnico para todas las obras”.

 

Desfile

  • En el marco de esta causa, también fueron llamados a prestar declaración indagatoria el ex ministro de Planificación Federal y actual diputado nacional Julio De Vido (24 de octubre), el detenido ex secretario de Obras Públicas, José López (27 de octubre) y el propio Báez (2 de noviembre).

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