Un ex ministro que se siente agraviado

El ex ministro de Justicia de Santa Fe y ex asesor de la Cámara de Diputados, Héctor Superti, acaba de renunciar como abogado defensor de uno de los imputados en la “megacausa” que, en la ciudad de Rosario, investiga delitos tales como fraudes inmobiliarios y lavado de activos. Al anunciar su decisión de dar un paso al costado, el ex ministro dijo sentirse “dolido y agraviado” por las críticas que se generaron en su momento. Aseguró que antes que funcionario, es abogado. Y que, por lo tanto, tiene todo el derecho de defender a su cliente. Según Superti, estas críticas se convirtieron en un escollo para los intereses de su defendido, uno de los imputados de esta causa cuyas derivaciones son por ahora impredecibles: “Percibo un clima político donde soy un obstáculo para mi cliente. Objetivamente impacta en una persona presa que altos funcionarios del Estado, con los que trabajé, me estén tratando de inmoral a mí, que soy su abogado”. Mientras Superti presenta su renuncia, otro ex ministro de Justicia y también ex asesor legislativo, Juan Lewis, elige el bajo perfil y se mantiene como abogado defensor de otro de los imputados en esta megacausa. Cuando se supo que estos ex funcionarios actuarían como defensores en este caso, se produjo un verdadero cimbronazo político dentro del socialismo. No sólo por el rol que ocuparon como integrantes de los gabinetes provinciales entre 2007 y 2015, sino porque al estallar este escándalo se desempeñaban como asesores de bloque en la Cámara de Diputados de la provincia. Durante los últimos días, el debate pareció posarse sobre las diferencias que existen dentro de cualquier gobierno entre los cuadros políticos y los funcionarios técnicos. Los involucrados hicieron hincapié en que nunca formaron parte de las estructuras partidarias y que fueron convocados por los gobernadores Hermes Binner y Antonio Bonfatti por sus capacidades profesionales. De esta manera, intentaron defenderse de esta catarata de reproches: como meros técnicos, deberían gozar del derecho de trabajar para el postor de turno. A estas alturas de las circunstancias, no se trata de negar el derecho a defensa ni de adelantar condena contra los imputados. De hecho, será la Justicia la encargada de demostrar que efectivamente cometieron los delitos que se les atribuyen. El foco del debate radica en que, antes de ser cuadros políticos o meros funcionarios técnicos, tanto Superti como Lewis integraron equipos de gobierno. No estuvieron solos. Hablaron y decidieron en nombre de una administración colectiva. Recibieron la confianza de quienes, a su vez, habían sido elegidos por la mayoría de los ciudadanos a través del voto. Se trata en ambos casos de personas inteligentes. Y como tales, no pueden hacerse los distraídos. Ellos sabían que sus decisiones no sólo afectarían su imagen personal, sino que indefectiblemente impactarían sobre aquellos con los que en su momento compartieron una gestión y representarían un duro golpe para la confianza de una sociedad que ya no sabe en quién puede confiar. Negarlo o intentar desviar el eje del debate sería de cínicos. Sobre todo en una provincia que se desangra por las devastadoras consecuencias del dinero sucio generado por el narcotráfico.