El diputado provincial Norberto Nicotra abordó la problemática de la emergencia en las escuelas.

Lamentablemente hablar de violencia social ya ha dejado de ser un tema extraordinario, para convertirse en un triste y usual tópico cotidiano. 

En este caso, durante las últimas semanas hemos leído y escuchado en varios medios de comunicación acerca del maltrato en los sectores educativos, por parte de los padres hacia los docentes de sus hijos, hechos que resultan inconcebibles y que el Estado no puede pasar por alto.

Los niños y adolescentes presentan problemas muy serios de comportamiento, actuando  de forma grosera y desconsiderada, y muestran hacia su profesor o sus compañeros una elevada agresividad física o verbal sin justificación alguna. Y estas conductas son un fiel reflejo de la violencia que hoy atraviesa la sociedad en su conjunto. 

Una encuesta realizada por la Unión de Docentes Argentinos de las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos, Corrientes, Santa Fe, Misiones, Formosa, Chaco, Jujuy, Salta, Santiago del Estero, La Rioja, Catamarca, San Juan, Mendoza, San Luis, Tierra del Fuego y Córdoba en el año 2014, reveló que el 90% no se siente capacitado para afrontar sucesos de violencia en los colegios.

Hace diez días, en Capital Federal un hombre de 50 años fue condenado a 8 años y 6 meses de prisión por propiciar una golpiza que casi deja sin vida a la vicedirectora de un establecimiento escolar, acusándola de maltratar a su hija, por tener capacidades espaciales. Condena que ha sido considerada ejemplar.

En ese sentido, la gobernadora de dicha provincia, Ma. Eugenia Vidal impulsó una ley que establece penas de hasta 60 días de cárcel y sanciones económicas de hasta 30 mil pesos para familiares de alumnos que maltraten, insulten o agredan a docentes y no docentes dentro de escuelas públicas y privadas provinciales. La iniciativa, que fue enviada a la Legislatura para su tratamiento, ya tiene la aprobación de Diputados y se espera esté en vigencia a fin del corriente año. Propone una reforma al Código de Faltas provincial al que incorpora estos nuevos artículos.

Varios cuerpos docentes del país han marcado un precedente, intentando generar protocolos de procedimiento, cuando deban atravesar este tipo de situaciones. En la provincia de Mendoza, en el año 2013, una docente debió ser escoltada por la policía local para dirigirse a su casa, por amenazas contra ella y su familia.

Y es únicamente en dicha provincia andina donde se ha sancionado una norma. La ley rige desde octubre del 2014 y no solo sanciona a los padres que agredan a los docentes sino que también castiga otros posibles incumplimientos de los  padres en relación a sus deberes como tales.

Desde mi banca de Legislador he presentado un proyecto de Ley para intervenir en estos asuntos en la provincia de Santa Fe, la cual no se encuentra exenta. Tiene como objetivo primario la protección de todo el personal docente y  no docente que trabaje en los establecimientos educativos de la Provincia.

El proyecto que hemos enviado a la cámara baja provincial promueve una modificación en el Código de Faltas,  estableciendo que aquellos padres, tutores, curadores o familiares directos de un alumno que agrediese, en forma personal y directa, con insultos o señas,  será reprimido con arresto de hasta 60 días o, conforme a la normativa vigente, con trabajos comunitarios de hasta un máximo de 20 horas. Éstos deberán realizarse en el establecimiento donde se produjo la falta. En caso de incumplimiento el juez, deberá sancionarlo con una multa pecuniaria cuyo monto será regulado en función de la gravedad de la ofensa. 
La severa violencia que vivimos diariamente nos obliga a actuar en todos los ámbitos que así lo requieran.

Sin embargo, resulta casi ilógico tener que recordar que las escuelas deben ser promovidas como un ámbito armónico para el normal  funcionamiento  de la enseñanza y el aprendizaje y reconocer la autoridad que tienen los agentes de educación en el ejercicio de sus funciones.