“Nosotros siempre fuimos personas normales. Sólo queremos seguir así, con nuestra familia y para adelante”, expresó entre lágrimas Facundo Martínez, el papá de Serena, la nena que murió por culpa de una bala que atravesó la Setúbal e impactó en su cuerpo mientras jugaba en el club Regatas, el 29 de noviembre de 2013. Lo dijo minutos después de que los jueces Orlando Pascua, Jorge Peggasano y Darío Sánchez condenaran a 20 años de prisión a los imputados: Lucas Maximiliano Fernández (21), Carlos Roberto Vega (24) y Luis Antonio Cabrera (32). Aquel día, dos bandos se enfrentaban a tiros en Alto Verde. Todo indica que respondían a facciones del gremio de la Uocra, según ratificó la fiscal del caso, Mariela Giménez. Fueron dos enfrentamientos. Y en total, la Justicia pudo corroborar que existieron 32 llamados al 911 para que la policía actuara. Sin embargo, los patrulleros tardaron casi 40 minutos en llegar. Cuando lo hicieron, ya era demasiado tarde. Sería bueno que alguien se hiciera responsable por semejante ineficiencia en materia de seguridad. La entereza de Facundo y el resto de su familia resulta admirable. Quizá, porque el dolor que sufrieron durante aquellos días de agonía fue tan profundo que los terminó fortaleciendo. Ahora sienten que cerró un capítulo y que deben dedicarse de lleno a su otra hija y al bebé que llegará en los próximos días. Es que fueron años de recorrer pasillos de Tribunales, de revivir una y otra vez el horror. Los Martínez insisten en que son una familia normal. Pero lo que no es normal, es que grupos mafiosos manejen o intenten manejar organizaciones sindicales y que, para lograrlo, impongan su brutalidad y sus leyes. Aunque algunos prefieran disimularlo, lo cierto es que es esto lo que vino sucediendo en Santa Fe desde aquel 2013, en el que la Uocra comenzó a dirimir sus diferencias en la vía pública y con el uso de armas de fuego. Mientras un tribunal condena a los responsables de la muerte de Serena, en el hospital Cullen un trabajador del diario Uno, Néstor Vázquez, pelea por su vida, luego de recibir dos balazos el sábado por la noche, cuando regresaba a su casa y estacionaba su automóvil. Rápidamente se extendió entre la gente y en los medios la hipótesis de que a Néstor lo confundieron con un integrante de la Uocra, y por eso le dispararon. El fiscal que investiga los hechos asegura que por el momento no cuentan con ningún elemento que avale esta teoría. Sin embargo, los antecedentes de violencia de este sector sindical hacen que nadie considere disparatada esta versión. Tanto es así, que hasta el intendente de la ciudad, José Corral, llamó a “desmontar a las mafias”. En septiembre pasado, una empresa constructora, la Cámara de la Construcción y la Municipalidad de Santa Fe, radicaron en el Ministerio Público de la Acusación sendas denuncias por amenazas y coacción de parte de una facción del sector de la Construcción. La responsabilidad por lo que viene ocurriendo no sólo recae sobre el Ministerio de Seguridad -las llamadas infructuosas al 911 en el caso Serena son un ejemplo-, sino que de manera especial pesan sobre la Justicia. Mientras los casos no sean resueltos y los responsables continúen en libertad, la situación continuará pareciéndose demasiado a una verdadera bomba de tiempo. La duda, en todo caso, es cuándo y dónde estallará la próxima vez.