Incertidumbre por el bono de fin de año

El bono de fin de año, pensado como una alternativa para reducir el impacto de la inflación en los salarios, continúa inmerso en un halo de incertidumbre. Es que, más allá de los anuncios realizados por el gobierno nacional con vistas de reforzar las partidas para los beneficiarios de planes sociales, las provincias y gran parte del sector privado advierten que no están en condiciones de pagarlo. La situación difiere profundamente entre las grandes empresas y las pequeñas, que a duras penas logran enfrentar una prolongada recesión, el proceso inflacionario y el incremento de los gastos fijos. Los fortísimos incrementos en las tarifas de servicios públicos representaron para muchos un duro golpe que apenas logran asimilar. Según una encuesta realizada por la Consultora Sel entre 680 gerentes y responsables de empresas de todo el país, el 70% de las pymes y el 56% de las grandes empresas advierten que no están en condiciones de abonar los 2.000 pesos fijados en el acuerdo -¿acuerdo?- entre el gobierno y la CGT. Mientras las firmas más chicas responsabilizan de la situación a la fuerte caída en la actividad, las más grandes hablan de la retracción económica y también remarcan que en los últimos meses acordaron pautas salariales que incluyen la cifra que se pretende pagar como bono de fin de año. La mitad de las pymes afirma que estaría en condiciones de abonar sólo 1.000 pesos por empleado. Es que más allá de las expectativas que aún genera un gobierno asumido hace apenas 10 meses -y que se vio obligado a tomar una serie de medidas indispensables para corregir los desequilibrios heredados del kirchnerismo-, lo cierto es que la economía argentina atraviesa un período de crisis del que no logra despegar. Quizá para algunos pueda resultar exagerado plantearlo de esta manera, pues todavía permanece en la memoria de gran parte de la sociedad el recuerdo de los aciagos días de 2001-2002. Sin embargo, aquello fue mucho más que una crisis económica. Se trató de una verdadera debacle histórica que puso al país al borde de la descomposición institucional. Las estadísticas del recuperado Indec reflejan con claridad la crisis económica actual. Según el último informe difundido oficialmente, el Estimador Mensual Industrial (EMI) arrojó una caída del 7,3% interanual en septiembre. Se trata del segundo peor registro mensual del año, sólo superado por la medición de julio (-7,9%). Esto significa que la actividad industrial en los primeros nueve meses del año registra una contracción acumulada del 4,6% frente a igual período de 2015. De acuerdo con el informe del Centro de Estudio del Comportamiento Industrial que depende de la Unión Industrial de Santa Fe, durante los meses de julio, agosto y septiembre la producción fabril regional se contrajo 4,5% en relación a igual período del año anterior. Pero no sólo la industria refleja esta delicada situación. Mientras el sector del comercio atraviesa una difícil realidad, el Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción (Isac) reveló que la actividad del sector disminuyó en septiembre un 13,1% con respecto al año pasado y que la contracción acumulada en 2016 alcanza el 12,8%. Las expectativas de recuperación para el año que viene se mantienen en pie. En esto coinciden distintas estimaciones privadas, sobre todo porque se espera que se intensifique la obra pública y porque el gobierno deberá tomar las medidas necesarias para dar impulso a la actividad en un año en el que se juegan fuertes cartas en materia electoral. Pero para que eso ocurra habrá que seguir esperando. Los salarios perdieron alrededor del 7% del poder adquisitivo. Y el bono de fin de año, sigue generando más dudas que certezas.