Avanza el proyecto para frenar despidos arbitrarios

Luis Rodrigo

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Sólo queda la Comisión de Asuntos Constitucionales. Pese a que el Senado santafesino no sesionó el jueves pasado, hubo actividad en sus comisiones. Uno de los hechos que los cronistas parlamentarios anotaron en sus libretas de apuntes es que superó la Comisión de Presupuesto y Hacienda un proyecto de ley que impulsa el Sadop

El Sindicato Argentino de Docentes Particulares procura ponerle límites a los despidos arbitrarios en las escuelas de gestión particular. Se busca que ante despidos injustificados, aquellos en los que no puede culparse al empleado, la provincia deje de pagarle ese cargo -por tres años- a la escuela privada que libre el fatídico telegrama.

Entre otras razones, además de igualarse con el sistema público, los docentes particulares quieren evitar los despidos que -ocultos en alguna excusa laboral- obedecen a razones ideológicas, religiosas o de mero disciplinamiento, casi siempre en diciembre antes de las fiestas y luego de cerrado el año escolar.

Como en 2015, el proyecto pasó Diputados sin dificultades. En junio pasado, con un marcado consenso, logró media sanción de esa Cámara y pasó al Senado.

Paso a paso

En la Cámara Alta el proyecto de ley se frustró el año pasado. Sin embargo, en 2016 el panorama no es el mismo. Y si consigue el despacho de todas las comisiones y el asunto se suma al Orden del Día del Senado, bastará con la mayoría simple para su aprobación. En cambio, de seguir el urgente camino de los sobre tablas (porque restan pocas sesiones ordinarias) se van a requerir los dos tercios, y la taba puede no caer del lado de la suerte.

Una parte de los senadores se muestra permeable a las presiones que ejercen -por vía del clero católico- los representantes patronales de las escuelas privadas, pero el proyecto igualmente avanza. El tema es cómo.

Último pasito

En Constitucionales, se librará una dura batalla entre quienes quieren el proyecto aprobado y los que quieren trabarlo sin pagar costos políticos. (Una manera es hacerle modificaciones que lo devuelvan a diputados y finalmente todo quede en nada).

Se aprobó con las firmas necesarias en Educación y en Trabajo. Y esta semana, lo despachó Presupuesto y Hacienda.

En esta Comisión, que preside Alcides Calvo (PJ-Castellanos) se estudió el tema y se llegó a la conclusión que el tema no debía pasar por sus manos, ya que la medida punitoria que impulsa el proyecto no afecta las arcas públicas.

En otras palabras, para el Estado que paga los sueldos de los docentes de los colegios privados -en términos económicos- es lo mismo abonar el salario de un docente, se llame como se llame. No resultará afectado el presupuesto, menos si deja de liquidarse por tres años.

Así, razonó la comisión y con ese criterio elaboró un dictamen que firmaron todos sus integrantes. Firmaron ese dictamen, no el despacho.

Ahora, es el turno de la Comisión que preside Joaquín Gramajo (PJ-9 de Julio), quien se ha manifestado públicamente en favor de consagrar este derecho. También la integran Ricardo Kaufmann (PJ-Garay), Alcides Calvo (PJ-Castellanos), Cristina Berra (PJ-San Martín), Armando Traferri (PJ-San Lorenzo), Eduardo Rosconi (PJ-Caseros), Lisandro Enrico (UCR-General López), Orfilio Marcón (UCR- General Obligado), Rodrigo Borla (UCR-San Justo) y Emilio Jatón (PS-La Capital).