El delegado de la Región IV contestó que las denuncias en su contra son "falacias"

De la Redacción de El Litoral

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En plena movilización docente, el miércoles pasado, el secretario general de Amsafe La Capital, Oscar Lozeco, denunció en un discurso público -que luego replicaría en declaraciones mediáticas- la existencia de una “política de hostigamiento” hacia los docentes de parte de las autoridades Región IV de Educación, con un “abuso de medidas punitivas” como son los sumarios. La respuesta del delegado regional, Rafael Bono, llegó esta mañana a través de una conferencia de prensa que tuvo lugar en la sede de Balcarce y Avellaneda.

Munido de un escrito de varias páginas y acompañado por la coordinadora pedagógica Beatriz Alvizo, el funcionario defendió su actuación. Dijo que las denuncias en contra del equipo directivo de la regional son “falacias” y que presentó el texto de descargo ante “ambas Cámaras legislativas”.

Sobre la acusación de llevar adelante una “política punitoria” hacia los docentes, Bono aseguró que la Regional IV se ciñe al “marco normativo que es la ley de disciplina docente Nº 10.290 que establece la posibilidad de iniciar un informe presumarial con semiplena prueba, que lo lleva adelante el supervisor de la institución educativa; no lo inicia el delegado regional ni la coordinación pedagógica. Obviamente que sí velamos por el cumplimiento de toda la ley que exista para llevar adelante la instrucción de sumario”.

Consultado sobre cuántos sumarios a docentes dio curso la regional, el delegado contestó: “Tenemos alrededor de 30 en los 5 años que llevo al frente de la Región IV; también hay sumarios que no se inician desde esta delegación sino a partir de Recursos Humanos, por ejemplo”. Tras lo cual, indicó que “no es cierto” que se sustancie un expediente para cualquier problema que surja en las escuelas, tal y como denunciara Lozeco la semana pasada.

Además, “se cuenta con la posibilidad de interponer recursos en cada caso, y también existe una Junta de Disciplina constituida por tres miembros del Ministerio de Educación y tres miembros gremiales, que aplican las sanciones que corresponden; ésa no es competencia de esta delegación regional”, argumentó.

Números

En la Escuela 19, donde hubo una denuncia de abuso de niños, se sumariaron a 7 directivos y docentes, y en la Escuela Nº 1 Complejo Sarmiento (“donde hubo una vulneración de derechos de un niño de 6 años”, según se dijo), se inició un expediente contra los 5 integrantes del equipo de dirección.

Alvizo tomó la palabra para explicar que esa cantidad de sumarios “que Lozeco presenta como un récord, tiene que ver con que si hay una anomia o falta de gobierno (en la escuela), hay responsabilidades colectivas del gobierno escolar”.

En el escrito, Bono y Alvizo detallan cada una de las 24 disposiciones -con su correspondiente número de expediente- sustanciadas del 2011 a la fecha, “las cuales dan cuenta de criterios no arbitrarios, en el marco del cumplimiento normativo que vela la aplicación del sólido plexo jurídico-normativo que regula los derechos que asisten a niños, niñas y adolescentes”, aseguran.

Respuestas

—¿Se han agotado los canales de diálogo entre Amsafe y la Región IV? -se preguntó durante la conferencia de prensa.

—Los canales de diálogo siempre están abiertos pero obviamente esta delegación va a actuar y a responder en el marco de la normativa y de todas las responsabilidades que nos competen, que es el cumplimiento de las leyes y garantía de los derechos. Claramente, esta delegación es responsable de resguardar las instituciones, las infancias y poner en valor a todos los docentes e instituciones que trabajan diariamente para mejorar y sostener nuestras infancias. Nosotros tenemos dentro del territorio de la regional, 882 instituciones educativas oficiales que comprenden a 16 mil agentes y 220 mil estudiantes. Acá, estamos hablando de casos puntuales que de alguna manera hay que analizar porque justamente están fuera del marco normativo.

—¿Por qué Amsafe lo acusa de “abuso” en el manejo de la regional?

—Eso no lo sé, lo que puedo decir es que nosotros hemos llevado adelante un plan estratégico regional, que es coherente con el plan de educación provincial. Trabajamos justamente en el fortalecimiento de las redes humanas en casa uno de los barrios, de las localidades y con nuestras instituciones educativas, así como en el empoderamiento de las infancias.

—¿Se siente respaldado por la ministra? Se lo ve acá defendiéndose sólo de las acusaciones desde la Regional.

—Corresponde que realice toda la aclaración del caso porque, independientemente de la ministra que me ampara y del gobierno, son responsabilidades de gestión del propio territorio en el marco de las responsabilidades que me establece el Decreto 266.

—Lozeco también sostiene que el término “intervención” que se usó en el caso de la escuela 266 de Recreo, no es una figura que se aplique a la educación...

—No es la palabra justamente intervención, pero ir a llevar una intervención es ser parte de la situación y justamente estar trabajando. A eso, nos referimos con “intervenir”, con ser parte y llevar adelante las acciones que se estaban planteando.