En la Argentina, una mujer es asesinada cada 30 horas y de acuerdo con el relevamiento de la ONG La Casa del Encuentro, este registro se mantiene desde hace más de ocho años, un lapso en el que pasaron muchas cosas en el país: fue aprobada la Ley 26.485 de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, se incluyó la figura de femicidio como delito en el Código Penal; se incorporaron mecanismos de prevención y atención a las víctimas, como botones antipánico y oficinas públicas que se ocupan específicamente de esta problemática, y se visibilizó el riesgo de una forma de vincularse que hasta hace una década -e incluso menos- era considerada como exclusiva del ámbito privado. A la vez, se viralizaron convocatorias y se hicieron marchas masivas y sin distinción de género. Sin embargo, en un año, el promedio fue de tres mujeres asesinadas cada cuatro días de acuerdo con datos relevados por la mencionada ONG, que no incluye la multiplicación de asesinatos registrados sólo en las últimas semanas en distintos puntos de la geografía nacional. En general, los cómputos están actualizados: se sabe que en la mayoría de los casos las víctimas conocían a su homicida; se toma nota de la franja etaria más afectada, que es la comprendida entre los 31 y 50 años; se conoce que entre 2008 y 2015 fueron 2.518 los hijos que perdieron a sus madres, de los cuales 1.617 eran menores de edad, y que fueron 391 los femicidas que se suicidaron en ocho años. Por otra parte, existen porcentajes certeros de la distribución geográfica de este flagelo; se tiene registro de que el número de llamadas a la línea gratuita 144 crece de manera exponencial luego de cada movilización o por la difusión de este tema, y se ponen al alcance de toda la comunidad los mecanismos para denunciar y los lugares donde pedir ayuda. También existe una mayor concientización social; un cambio de paradigma en la manera de abordar el tema desde la comunicación; mayor capacitación a profesionales de todos los niveles, y una percepción de la violencia de género en ámbitos educativos, de salud y hasta de los organismos de seguridad, con charlas orientadas específicamente a la manera de intervenir ante una situación de esta naturaleza. Sin embargo, cada día se actualiza el reclamo por una muerte, sea porque horroriza de manera particular como ocurrió con la joven de 16 años en Mar del Plata, o por los tres femicidios a manos de un mismo asesino en Mendoza o por los crímenes casi simultáneos en Paraná y Concepción del Uruguay y en los últimos días en La Brava, en territorio santafesino, que renovó un pedido de la Multisectorial de Mujeres para que se declare la emergencia nacional con el fin de que las políticas en favor de las mujeres estén disponibles en todos los ámbitos y tengan el presupuesto que corresponde. Pero también para que el acceso a la Justicia sea real y el Estado cumpla su rol de protección. Mientras tanto, las mujeres siguen muriendo de forma violenta a manos de sus parejas, ex parejas, concubinos, familiares o desconocidos. Se sabe mucho, se mide, se propone y se visibiliza más. Pero es evidente que en algún lugar de esta larga cadena hay fallas que impiden detener este verdadero flagelo, sobre todo en aquellos casos donde la víctima había denunciado su situación pero no recibió la respuesta adecuada y oportuna. Sin dudas queda mucho por hacer: estereotipos por modificar, violencias cotidianas por identificar y erradicar. Pero el cambio cultural, clave en este tema, va a llevar tiempo. Mientras tanto, es imperioso materializar en la práctica todas las medidas de prevención, atención y sanción disponible en la letra de una legislación que, en el contexto regional, es de vanguardia.