Un país donde el que paga pierde

José Curiotto

@josecuriotto

Hace tiempo que la Argentina parece haberse convertido en un país donde la subversión a las normas es ley. Y en este desconcertante escenario, el que paga lo que debe y cumple con sus obligaciones suele llevar las de perder.

Ejemplos en este sentido abundan: mientras los buenos ciudadanos se esmeran por cumplir con sus impuestos, otros prefieren guardar la llegada de la moratoria de turno. No importa si se la presenta con eufemismos tales como “regularización”, “condonación” o “blanqueo”. Se trata, en todos los casos, de un flagrante beneficio para quienes no realizaron los esfuerzos necesarios para respetar las normas en tiempo y forma.

La misma lógica rige en cuestiones de Estado. A principios de 2014, Santa Fe era una de las pocas -si no la única- provincias argentinas que no adeudaba dinero a la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrica (Cammesa). Este era uno de los motivos por los que la tarifa de la EPE se encontraba -y aún se encuentra- por encima de los valores de otras empresas distribuidoras del país.

Durante aquel año, el gobierno kirchnerista lanzó el Programa de Convergencia de Tarifas Eléctricas que consistía, básicamente, en que las provincias se comprometían a congelar sus tarifas de electricidad y, a cambio, la Nación cubría los costos de las obras de infraestructura necesarias para sostener el servicio.

El 4 de junio de aquel año Santa Fe se convirtió en la última provincia en adherir a este acuerdo. El ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, y el entonces gobernador, Antonio Bonfatti, firmaron el convenio.

Así, Santa Fe se comprometía a mantener los cuadros tarifarios eléctricos vigentes en la provincia por un plazo de 365 días, sobre la base de los valores de diciembre de 2013. Como contrapartida, el Ministerio de Planificación debía financiar obras de distribución eléctrica en territorio provincial.

Fiel a su costumbre, la Nación no cumplió el compromiso. Desde la provincia se licitaron obras de infraestructura por más de 600 millones de pesos, pero el gobierno central apenas cubrió una parte menor de las erogaciones, a pesar de que Santa Fe continuaba con sus tarifas congeladas.

Frente a la falta de respuestas a los reclamos, Santa Fe resolvió dejar de cumplir con sus pagos a Cammesa, de manera tal de compensar los recursos adeudados. De hecho, se estaba planteando una situación de clara inequidad con relación a otras provincias.

La deuda con Cammesa alcanzó aproximadamente los 1.200 millones de pesos, hasta que finalmente se firmó un convenio de pago a través de cuotas mensuales de 40 millones de pesos.
Ahora, el Proyecto de Presupuesto Nacional 2017 establece que el gobierno condonará deudas por alrededor de 19 mil millones de pesos a las provincias en mora con Cammesa. Entre ellas, Córdoba (debe 5.400 millones), Edenor y Edesur (suman 1.630 millones), Edelap (1.800 millones), DPEC de Corrientes (1.400 millones), EDEMSA de Mendoza (1.340 millones) y Secheep de Chaco (1.000 millones).

Si bien Santa Fe vino cumpliendo con el convenio de pago, apenas saldó una parte menor de su deuda.

En estas circunstancias se plantean dos alternativas: si no se le condona lo adeudado por el hecho de haber firmado dicho convenio, nuevamente estaría siendo castigada por cumplir con sus obligaciones. Y si se le perdona la deuda restante -lo que seguramente sucederá-, sería porque en su momento tomó la decisión de dejar de pagar lo que correspondía.

En definitiva, y cualquiera sea el escenario, en esta Argentina del revés incumplir las normas parecer ser el mejor de los negocios.