Insuficiencia de cárceles

Por Néstor Vittori Argentina tiene 250 cárceles entre federales y provinciales que albergan 65.000 detenidos. Más de 10.000 en las 34 cárceles federales; más de 30.000 en las cárceles bonaerenses y el resto en las distintas localizaciones provinciales. La capacidad de alojamiento está totalmente rebasada, generando condiciones de superpoblación carcelaria y alojamientos en comisarías. Las condiciones de vida de los reclusos, en gran cantidad de casos, son de extrema precariedad e insalubridad. Estos guarismos indican una relación de 156 presos por cada 100.000 habitantes, sin contar prófugos con condena que según el Ministerio de Seguridad de la Nación alcanzan a 25.000. Si estos guarismos se comparan con los números de otros países, la mayor cantidad de presos corresponde a Estados Unidos, con casi 700 presos por cada 100.000 habitantes, esto es 2.217.000 internos; Rusia con 667.546 en esa condición, 463 presos por cada 100.000 habitantes; Brasil con 300; Irán con 290; México con 214, para destacar los más significativos. En términos de proporcionalidad, esta comparación nos indica una carencia real de la infraestructura carcelaria argentina para afrontar la creciente tasa de delitos. Los datos indicados, explican las dificultades materiales que tienen los jueces, más allá de sus alineamientos ideológicos, para dictar y mantener prisiones preventivas a los procesados, o el cumplimiento efectivo de sentencias de los condenados, concediéndoles libertades no siempre razonables y merecidas que ponen en la calle a encausados o condenados que repiten sus prácticas delictivas en una gran cantidad de casos. También hay que señalar aquí, que ese contexto de saturación carcelaria, termina siendo la excusa para que numerosos prófugos o delincuentes activos no sean encontrados o buscados por las fuerzas de seguridad, aún sabiendo dónde están, pero que a sectores corruptos de las mismas, les sirven para cobrar peajes como aparceros del delito, a cuyo efecto les liberan zonas y luego reparten las ganancias. La inseguridad, que es motivo de preocupación y sufrimiento constante de la mayoría de los argentinos y que ocupa el principal escenario de la gestión política del gobierno nacional y de las provincias -en particular las más pobladas-, con problemáticas puntuales como el narcotráfico, sin duda requiere una gestión de prevención y punición que necesita indispensablemente contar con una infraestructura que aloje al potencial número de presos encausados o condenados en un contexto de normalidad carcelaria. Para eso, hoy resulta indispensable construir cárceles en un número proporcionado a los requerimientos señalados. Como la economía es la administración de recursos escasos para solventar necesidades ilimitadas; la proyección teórica de esas necesidades, en este caso tropieza con las posibilidades que el Estado tiene para afrontar las inversiones necesarias. Este no es el caso sólo de Argentina, ya que a raíz del crecimiento de la población mundial con necesidades cada vez más insatisfechas y el proporcional aumento de las acciones delictivas, los países -aún los más desarrollados- enfrentan crisis en sus sistemas carcelarios. Cuando se analizan los reportes de las condiciones carcelarias en el mundo, es posible discernir extremos que van desde el abandono, hacinamiento, mala alimentación, e insalubridad carcelaria, con patologías sanitarias graves como el sida y la tuberculosis. Esto ocurre en las cárceles rusas: 40.000 enfermos de Sida y 35.000 tuberculosos, o las cárceles chinas, que no pueden ser auditadas por negativa del gobierno, pero de las cuales llegan relatos penosos por distintos medios. En el otro extremo, se asume esta problemática a través de la organización carcelaria productiva, mediante privatización o tercerización, como en Estados Unidos y también otros países como Israel, sin perjuicio de que existan también en estos países las patologías sanitarias señaladas, los mismos problemas de sobrepoblación, pero con un nivel de incidencia menor. Las cárceles fábrica, denunciadas y escandalizadas por el progresismo y la izquierda, son estigmatizadas como una nueva forma de esclavitud; pero en la práctica le da a los reclusos la posibilidad de tener una actividad productiva remunerada, así como de desarrollar una habilidad laboral, que sin duda les puede servir en su reinserción a la vida civil luego de cumplir sus condenas. Si analizamos esta posibilidad, frente al drama de infinidad de jóvenes protagonistas del delito, captados crecientemente para la comercialización de drogas e involucrados en su consumo, quizá resulte una alternativa superadora y constructiva, antes que la permanencia o el retorno a las calles con el riesgo siempre latente de ser asesinados en la lucha entre bandas o en confrontaciones con la policía. Si la infraestructura carcelaria resulta insuficiente, cabría analizar la posibilidad de adecuar instalaciones militares en desuso o aún estructuras fabriles abandonadas, para adaptarlas eventualmente a una función carcelaria combinada con una estructura industrial. Cabe señalar que la experiencia mundial en esta materia es significativa y habría que estudiar el régimen de adecuación legal para que algunas prisiones se puedan transformar en fábricas, y los internos en obreros o empleados de actividades productivas, dignificando así su penosa situación.