El Litoral
Polémico fallo
Justicia de San Luis redujo la pena a un hombre condenado por violencia de género
El beneficiado cumplía una condena a 10 años y 2 meses de prisión. El 17 de noviembre del 2012 agredió con un cuchillo a su mujer que sobrevivió al ataque.
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Telam
Numerosas organizaciones sociales de la provincia de San Luis cuestionan un fallo del Superior Tribunal de Justicia local, que redujo a la mitad la condena de 10 años y 2 meses dictada contra un hombre que intentó matar a su mujer en el 2012, y estaba en la cárcel acusado de homicidio calificado en grado de tentativa.
El beneficiado con la reducción de la condena a 5 años y 1 mes es Ernesto García, quién el 17 de noviembre del 2012 agredió con un cuchillo a su mujer, Jessica Orellano, quien recibió ocho puntazos en su cuerpo, y sobrevivió al ataque luego de permanecer internada en grave estado en el Policlínico Regional de Villa Mercedes, a 92 kilómetros de San Luis, que es la ciudad donde sucedieron los hechos.
Esta agresión ocurrió en la vereda del domicilio que ambos compartían, delante del hijo de la pareja que tenía entonces dos años, y a la vista de todo el vecindario.
García fue enviado a la cárcel, y luego procesado y condenado a 10 años y 2 meses de prisión por la Cámara Penal 2 de Villa Mercedes con la carátula de homicidio calificado en grado de tentativa, que fue reconocido como un precedente en la provincia, ya que se condenaba a alguien por un caso de intento de femicidio y de violencia de género.
El condenado presentó ante el Superior Tribunal de Justicia de San Luis un recurso de casación, y el máximo organismo judicial de la provincia decidió reducir a la mitad los años de prisión "porque existieron atenuantes en el delito", según explicó hoy a la prensa el doctor Horacio Zavala Rodríguez, integrante de ese cuerpo, sin dar mayores detalles.
En dialogó con Télam, Cecilia Beterbide, secretaria de género de la CTA Autónoma, sostuvo que "este fallo es un retroceso, es un premio al accionar violento de un hombre que intentó matar a su mujer, y deja a la víctima en un mayor estado de vulnerabilidad".
La dirigente añadió que esta decisión es arbitraria y un revés, no sólo para la víctima sino para todas las mujeres que han sufrido y sufren violencia de género, y va a contramano de las políticas públicas que sostienen todos los estados en el país".
También destacó que el condenado "fue eximido de las costas judiciales" y que numerosas organizaciones sociales han pedido formalmente al Superior Tribunal de Justicia que revea la decisión adoptada.
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