A principios de 2014, Santa Fe era una de las pocas -si no la única- provincias argentinas que no adeudaba dinero a la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrica (Cammesa). Gran parte del resto de las provincias, en cambio, acumulaba atrasos históricos y millonarios. Aquel año, el gobierno kirchnerista decidió lanzar el Programa de Convergencia de Tarifas Eléctricas que consistía, básicamente, en que las provincias se comprometían a congelar sus tarifas de electricidad y, a cambio, la Nación cubría los costos de las obras de infraestructura necesarias para sostener el servicio. En principio, Santa Fe se negó a adherir a esta idea. Fueron meses de arduas negociaciones hasta que, finalmente, el 4 de junio de aquel año Santa Fe se convirtió en la última provincia en sumarse al acuerdo. El ex ministro de Planificación Federal, Julio de Vido, y el entonces gobernador, Antonio Bonfatti, firmaron el convenio. Así, Santa Fe se comprometía a mantener los cuadros tarifarios eléctricos vigentes en la provincia por un plazo de 365 días, sobre la base de los valores de diciembre de 2013. Como contrapartida, el Ministerio de Planificación debía financiar obras de distribución eléctrica en territorio provincial. Fiel a su costumbre, la Nación no cumplió el compromiso. Desde la provincia, se licitaron obras de infraestructura por más de 600 millones de pesos, pero el gobierno central apenas cubrió una pequeña parte de las erogaciones, a pesar de que Santa Fe continuaba con sus tarifas congeladas. Frente a la falta de respuestas a los justos reclamos, Santa Fe resolvió dejar de cumplir con sus pagos a Cammesa, de manera tal de compensar los recursos adeudados. De hecho, se estaba planteando una situación de clara inequidad con relación a otras provincias donde, por otra parte, los ciudadanos pagaban tarifas de electricidad más bajas. La deuda de Santa Fe con Cammesa alcanzó aproximadamente los 1.200 millones de pesos, hasta que finalmente se firmó un convenio de pago a través de cuotas mensuales de 40 millones de pesos. En los últimos días, se supo que el Proyecto de Presupuesto Nacional 2017 establece que el gobierno condonará deudas por alrededor de 19 mil millones de pesos a las provincias en mora con Cammesa. Entre ellas, Córdoba (debe 5.400 millones), Edenor y Edesur (suman 1.630 millones), Edelap (1.800 millones), DPEC de Corrientes (1.400 millones), Edemsa de Mendoza (1.340 millones) y Secheep de Chaco (1.000 millones). Si bien Santa Fe vino cumpliendo con el convenio de pago, apenas saldó una parte menor de su deuda total. Ahora, si no se le condonara lo adeudado por el hecho de haber firmado este convenio, nuevamente estaría siendo castigada por cumplir con sus obligaciones. Y si se le perdonara la deuda restante, sería porque en su momento tomó la decisión de dejar de pagar lo que correspondía. En definitiva, y cualquiera sea el escenario, en esta Argentina del revés incumplir las normas parece ser el mejor de los negocios. Hace tiempo que la subversión a las normas es ley. Y en este desconcertante escenario, el que paga lo que debe y cumple con sus obligaciones en tiempo y forma, suele llevar las de perder.