Existen responsabilidades clave, en las que un error puede desencadenar consecuencias irreparables. La muerte de Nicolás Almada, el niño de seis años asesinado a golpes en su seno familiar de barrio Loyola, es un claro ejemplo. En la Escuela 1109 Hipólito Irigoyen, donde asistía Nicolás, están destrozados. Lo mismo sucede en el Hospital de Niños Orlando Alassia, donde a pesar de haberse acostumbrado a recibir los casos más duros, los profesionales no pierden la sensibilidad que los torna vulnerables ante semejante impotencia. El niño llegó sin vida este miércoles al hospital, acompañado por su madre Daiana, en un móvil policial que trasladó a ambos desde la casa en la que vivía la familia, en calle José Cibils al 6300, del barrio Loyola Sur. Minutos después, en una ambulancia de los servicios de emergencias ingresó con un cuadro de politraumatismos leves la hermanita de 11 años, acompañada por otro familiar. Al Estado no se le puede exigir que esté en condiciones de saber qué sucede dentro de cada casa. Detrás de las paredes, historias sórdidas como ésta suelen producirse con más asiduidad de lo que muchos creen. Sin embargo, lo que más perturba de este caso es que las evidencias existían desde hacía tiempo. Tanto es así, que incluso el ministro de Desarrollo Social de la Provincia, Jorge Álvarez, reveló que se puso en marcha una investigación interna para determinar qué falló como para que la vida de Nicolás terminara de esta manera. Dijo, incluso, que la posible falta de personal en el área de la Subsecretaría de Niñez no es excusa suficiente para explicar lo ocurrido. —¿Esto se podría haber evitado? -le preguntaron a la directora del área de Promoción del Derecho de los Niños. —Absolutamente -fue la respuesta tajante. Las señales de advertencia fueron tantas, que en octubre de 2015 se supo que una mujer policía había encontrado a Nicolás en la calle, bajo la lluvia, descalzo y con su cuerpo marcado por los hematomas producidos por una de tantas golpizas brutales. Lo asistió, lo llevó al hospital y el caso fue denunciado como corresponde ante las autoridades. Desde entonces se dispuso que el niño ya no podría estar en esta casa, junto a su madre y su padrastro. Lo trasladaron al domicilio de familiares fuera de la ciudad de Santa Fe, hasta que llegó el momento de regresar a la casa de otros familiares, que sí viven en esta ciudad. Nicolás de ninguna manera podía vivir junto a su madre. Desde el área de Niñez, son conscientes de esto. Sin embargo, los controles no funcionaron, fueron insuficientes o no existieron. Ahora, habrá que investigar lo que sucedió. Puede que las investigaciones permitan que los homicidas paguen sus culpas, pero la vida de este niño de apenas seis años ya está acabada. Lo más probable es que pronto pase al olvido, hasta que un nuevo caso sacuda a la sociedad y a las autoridades. Durante el año pasado, alrededor de 180 chicos golpeados llegaron para ser atendidos en el Hospital de Niños. En muchos casos, los profesionales tienen meras sospechas de que las heridas fueron producidas por la violencia hogareña. Pero no siempre es posible probarlo. En estos momentos, un total de 297 menores se encuentran apartados de sus familias en el centro y norte de la provincia. Se trata de un medida adoptada desde el Estado para protegerlos de los golpes. Sin embargo, resulta evidente que el sistema no funciona con la eficiencia necesaria como para velar por estos chicos. Incluso, cuando las señales de advertencias son tan fuertes que permiten imaginar que, un desenlace fatal, es sólo cuestión de tiempo.