El Poder Ejecutivo presentó días atrás un proyecto de cambios en algunos tributos para el ejercicio 2017 en acuerdo con entidades empresariales del sector comercial, agropecuario, industrial, construcción, servicios y mutualistas. El tema ya está en manos de la Legislatura y Diputados será la primera en entender en la materia. El proyecto de reforma se inició con la conformación de una Mesa de Análisis de la Estructura Fiscal de la provincia en el ámbito del Ministerio de Economía. La decisión oficial fue la respuesta a la fuerte queja de la Mesa de Entidades Productivas de Santa Fe a la reforma tributaria aplicada a fin del año pasado para el presente ejercicio. Esa reforma fue votada en medio de la transición política tanto en la provincia como en el país y fue incluida en la Ley de Presupuesto General de Gastos y Recursos. Los sectores del agro, la construcción, el comercio y los servicios; las entidades mutualistas, las cooperativas, los industriales, los acopiadores y las Bolsas de Comercio de Rosario y Santa Fe trabajaron en comisiones durante el año tratando diversos temas de carácter tributario de interés general y sectorial. Algunos de los temas fueron resueltos en la mesa y requieren aval parlamentario mientras que otros tendrán aplicación a través de resoluciones emanadas de la API. Mientras que otras cuestiones planteadas quedaron pendientes de resolución y el compromiso entre empresarios y gobierno provincial es seguir dialogando buscando puntos de acuerdo. “Todos somos responsables de que el Estado tenga el financiamiento que necesita y que se obtengan los recursos de la manera más equitativa posible, con la mayor Justicia Tributaria”, dijo el gobernador Miguel Lifschitz en la presentación del acuerdo donde además mocionó la posibilidad de también revisar el gasto del Estado santafesino. En los hechos, el proyecto estipula aumentos promedio del 25% en el impuesto Inmobiliario -tanto Urbano como Rural-, incremento que es algo mayor en propiedades de mayor extensión y valor. Otra pata de la reforma pasa por crear un Régimen Simplificado para pequeños contribuyentes donde estarían incluidos unos 90 mil comerciantes y prestadores de servicios. Las reformas más significativas aparecen en retoques de Ingresos Brutos. El ministro de Economía, Gonzalo Saglione, aseguró que 100.000 de las 150.000 empresas tendrán algún beneficio con la propuesta. Las primeras reacciones parlamentarias fueron cautas e incluso en sectores del propio frente gobernante se objetó la falta de consulta. El Poder Ejecutivo tampoco especificó cuál será el impacto del cambio en la recaudación de Ingresos Brutos, tema no menor porque además impacta en la coparticipación a municipios y comunas. El gobierno pudo presentar el proyecto fruto del consenso con la mayoría de las entidades empresarias que firmaron el acuerdo en el propio salón Blanco de la Casa de Gobierno. Ahora, será el turno de la Legislatura que deberá definir su postura en las pocas semanas que restan del año ya que la vigencia de las cargas tributarias entrarán en vigencia el primer día hábil del año próximo.