Luz y agua, a subir todo en una semana

Luis Rodrigo [email protected] El aumento de las tarifas que controla la Casa Gris se definirá en lo que queda de noviembre y parte de diciembre, es decir, todo lo lejos que pueda quedar del proceso electoral del año que viene, cuyo calendario -coincidente o no con el nacional- todavía no ha definido el gobierno provincial. Para que Aguas Santafesinas SA y la Empresa Provincial de la Energía no sean noticia más que por sus inversiones en 2017 -y sin dudas las habrá- hoy se apuran los “retoques” de tarifas, nada cosméticos por cierto (Aguas 89% y EPE 37%). Será la semana de las audiencias públicas: del martes 22 al martes 29 habrá cuatro reuniones donde se verán las caras los usuarios y los funcionarios de las dos empresas estatales santafesinas, que prestan los servicios públicos de agua potable y energía eléctrica. (Y de paso el gas natural, de gestión nacional, también se definirá en el mismo período). El fixture indica que habrá tres fechas para la audiencia de Aguas Santafesinas, a disputarse el 22, a partir de las 9, en Rosario (UNR, Maipú 1065); el 24, en el mismo horario, en Casilda (Municipalidad, Carlos Casado 2090); y el 29, también a las 9, en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral, Cándido Pujato 2751, de la ciudad de Santa Fe. Pero entre semana, el 25, será -también en la capital provincial y en el mismo lugar- la histórica primera audiencia pública de la Empresa Provincial de la Energía. Recién en 2016. El encuentro despierta interés: nunca antes las autoridades de la EPE debieron escuchar de modo directo, en un ámbito que la compañía no podrá controlar, las demandas de los usuarios. No va a faltar quien observe que si Cammesa le condona .200 millones de deuda -el equivalente a un año de obras- eso debería bajar la suba que se pretende. Debió expresarse la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre la importancia de las audiencias públicas -ante el fallido tarifazo nacional- para que en el microclima de la compañía estatal santafesina lo acepte. Ya no son posibles aumentos sin ningún debate, sin tener que soportar ni un reproche de sus clientes naturalmente cautivos. Las audiencias serán parecidas, pero no iguales. Unas por reiteradas e institucionalizadas; la otra por inédita y apenas de hecho. Aguas Santafesinas es hija de aquella privatización del peronismo en los ‘90 que -si bien fracasó rotundamente en su objetivo central, la universalización del servicio- dejó un marco regulatorio y un órgano regulador, el Enress, que permite a los usuarios ejercer derechos, o al menos reclamarlos. Cada año se pide micromedición que, en esta materia, mucho se parece a reclamar eficiencia. Recién en 2010 -durante el primer gobierno del Frente- un presidente del directorio del Ente Regulador de los Servicios Sanitarios (Alberto Muñoz, luego apartado de esa función por sus críticas) convocó a las audiencias públicas. Es curioso: la Ley 11.220 de los privatizadores santafesinos del ‘94 sólo en eso no copió lo hecho por Carlos Menem con los servicios públicos. Con la EPE, ahora el gobierno de Miguel Lifschitz -por decreto- viene a remendar la ausencia de un marco regulatorio y un ente regulador. Ni el oficialismo ni la oposición se ocuparon seriamente, de 2007 a la fecha, de hacer avanzar en la Legislatura alguno de los proyectos de ley que los proponían. Con Aguas, quien bajará el martillo del próximo tarifazo no será el Enress sino la Casa Gris. Pero con la EPE, es la misma Secretaría de Energía que convoca a la audiencia, parte interesada en la decisión final.