A dos años de la puesta en marcha de un sistema de control de venta de armas y municiones en los locales habilitados de la ciudad, la Municipalidad detectó irregularidades que dejan al descubierto la transgresión a estas normas tendientes a frenar la escalada de homicidios. No se trata de un hecho menor. Sobre todo, porque lo que está en juego va mucho más allá de un mero negocio.
En una ciudad como Santa Fe, atravesada por la violencia extrema, se trata de una cuestión de vida y muerte. Por ese motivo, las autoridades presentaron el caso ante la Justicia con las evidencias que pudieron ser recabadas. Todo indica que esto recién comienza.
Desde octubre de 2014 -y luego de una seguidilla extraordinaria de homicidios-, se puso en funcionamiento un sistema que obliga a los locales comerciales habilitados como armerías a registrar todas las transacciones que efectúan. Al cruzar la información entre el vendedor y los supuestos compradores, se detectó que éstos últimos no habían realizado las operaciones en las que aparecían mencionados, por lo que se desconoce el destino final de más de 540 municiones de distintos calibres.
Si estas personas no compraron las balas, la gran pregunta es a qué manos fueron a parar y por qué el vendedor pergeñó lo que parece ser una pantalla para disimular las irregularidades cometidas. Si esto sucedió cuando existen controles específicos desde el municipio, ¿qué sucedía antes de 2014?
El Renar establece a los legítimos usuarios de armas de fuego la obligatoriedad de uso de la tarjeta RTCCMSE para la compra de todo tipo de munición, y obliga a los comerciantes a asentar en sus registros de ventas toda transacción, con el fin de controlar, mediante herramientas tecnológicas, la venta, consumo y tenencia máxima de municiones para uso civil.
La situación generada por la circulación de armas en Santa Fe es realmente crítica, ya que en el 83 por ciento de los homicidios ocurridos durante este año se utilizaron armas de fuego.
Lo sucedido parece confirmar las sospechas sobre venta de municiones y armamento de manera ilegal por parte de comercios del rubro. Pero no es éste el único canal por el que los delincuentes acceden a las armas.
Desde principios de este año, numerosas pistolas 9 milímetros que debieron ser destruidas por la Justicia aparecieron en distintos operativos policiales. Una de ellas fue utilizada en un homicidio.
Nunca se explicó con claridad cómo fue que terminaron en las calles de la ciudad. Hasta ahora no se conoce quiénes fueron los responsables, aunque el círculo de sospechosos no debería ser demasiado amplio.
Pero eso no fue todo. En marzo, funcionarios del Ministerio de Seguridad realizaron inspecciones en comisarías de Santa Fe, en la Unidad Regional XVII (departamento San Lorenzo) y en la Unidad Regional II (departamento Rosario). El resultado de estos controles generó una verdadera sorpresa: en seccionales de la Unidad Regional I encontraron 331 armas que debían estar en manos de la Justicia o que en su momento debieron ser destruidas. Tan sólo en la seccional 10a. -barrio Santa Rosa de Lima- aparecieron más de 70 armas.
Los delincuentes dispuestos a matar existen. Pero resulta evidente que otros sectores se convierten en partícipes necesarios en esta escalada de muerte, pues a cambio de dinero están dispuestos a poner las armas en manos de verdaderos asesinos y de los violentos que no miden las consecuencias de sus actos.
La escalada de muertes que atraviesa a Santa Fe no es fruto de la casualidad y cada uno deberá hacerse responsable de sus actos.