Emerio Agretti [email protected] La necesidad de garantizar la “paz social” se volvió una obsesión para el gobierno nacional, que se trasladó como un acuciante imperativo para las gestiones provinciales. El gobernador Miguel Lifschitz estiró los plazos hasta el límite, con un ojo puesto en el estado de ánimo de los sectores estatales santafesinos y el otro vigilando en tiempo real los movimientos de la administración central. Fórmulas como “no está presupuestado”, “no lo tenemos previsto” y “ninguna provincia está en condiciones de afrontarlo” nutrieron los comentarios oficiales sobre la eventualidad del otorgamiento de un bono o suma adicional a los agentes del Estado, dejando sentada la dificultad para afrontarlo, pero a la vez sin cerrar definitivamente la posibilidad. En tanto, ganó más tiempo y desactivó medidas de fuerza en ciernes convocando la semana pasada a una mesa de diálogo para “analizar la situación social y laboral”, cuya genérica denominación y enunciado de propósitos sustentaba la necesidad de ganar tiempo, sin prometer más de la cuenta. Finalmente, Mauricio Macri habilitó el bono a nivel nacional y varias provincias hicieron lo propio; incluyendo a Córdoba, como directo y simétrico punto de referencia. Fuera cual fuese su propósito inicial -e incluso sus reales posibilidades-, el gobierno santafesino se sumó y concretó su propuesta, que satisfizo en desigual medida a los representantes gremiales pero no bastó para desactivar el planteo de reapertura de paritarias. En cualquier caso, el temperamento adoptado por el Estado en las diversas circunscripciones parece haber alcanzado para apaciguar los ánimos que recurrentemente se soliviantan en ésta época del año, y que en esta oportunidad, más allá del inocultable y también recurrente componente político, arrastran el peso de la angustiosa situación en que se debate la economía doméstica, sin que el esperado repunte influya para aliviarla, ni termine de asomar en el horizonte cercano. Paradójicamente, la factibilidad de alcanzar un bien intangible y de naturaleza esencialmente espiritual como es la paz, se apoya en estrategias monetizables y depende de su cuantificable magnitud. Aunque sin duda, el dramático cuadro que atraviesan los sectores más desprotegidos asigna al hecho de que “todos los argentinos tengan un pan, un pollo y una sidra para festejar” una dimensión que lo pone por encima de la cobertura social tradicional. La otra ironía del asunto es que el procedimiento llevado adelante por el gobierno santafesino para pacificar el frente externo, derivó en una nueva instancia de conflicto interna, con la desautorización pública -y el enojo privado- que desataron en el gobernador las declaraciones del vice Carlos Fascendini, cuando lanzó públicamente (con un destacable nivel de acierto, hay que decirlo) el rango de cifras en que se iba a ubicar el bono de fin de año. No es el primer entredicho que se produce entre los dos integrantes de la fórmula gubernamental, a un poco más de dos semanas de cumplirse el primer año de gestión. El anterior episodio resonante fue en agosto, cuando las críticas del PRO a la gestión Lifschitz y el posicionamiento del radicalismo provincial generaron un principio de incendio -al que, según algunos, desde adentro del propio socialismo arrimaron algún leño-, que Fascendini decidió apagar con un balde de nafta. “La banda de Corral y Barletta debería dejar el gobierno”, disparó. Flaco favor le hizo su enjundia al primer mandatario, que una vez más debió hacer de bombero, pero ya era tarde para impedir que alguien saliera chamuscado. El inicio del último mes del año viene así regido por los tradicionales deseos de paz y los esfuerzos -a veces malogrados- para conseguirla. Siempre sobre la base de asumir que se trata de un estado (social, personal) definido por la negativa: la ausencia de inquietud, violencia o guerra. Y, por mandato ancestral, extendido -y a la vez reservado- a todos los hombres de buena voluntad.