La lista de temas incluidos en la convocatoria a sesiones extraordinarias del Congreso de la Nación puede pasar inadvertida en su verdadera dimensión, frente al acaparamiento de titulares que hacen determinadas cuestiones de mayor impacto general o coyuntural, y la predisposición inercial a considerar al recinto de las Cámaras Legislativas como un mero espacio refrendatario de asuntos que se resuelven en oficinas más estrechas.
En esta oportunidad, e incluso para hacer justicia al desenvolvimiento parlamentario y a la dinámica política de este primer año de gestión de Cambiemos, habrá que decir que nada más lejos de la acostumbrada y patética “escribanía” que gestionaba el kirchnerismo, y donde los opositores poco más podían hacer que cumplir un rol testimonial, o utilizar las sesiones como cajas de resonancia para críticas y denuncias.
Presupuesto, emergencia social, reforma electoral e impuesto a las Ganancias son apenas algunos del total de 18 proyectos incluidos en el decreto de convocatoria. Y en todos los casos se trata no sólo de cuestiones de fundamental trascendencia, sino, también, cabalmente representativas del sitio que ocupa ahora el Legislativo y el modo en que se establece el juego de poderes en esta instancia.
Nada más lejos de la acostumbrada y patética “escribanía” que gestionaba el kirchnerismo, y donde los opositores poco más podían hacer que cumplir un rol testimonial.
El impuesto a las Ganancias, cuya eliminación fue una promesa de campaña que los rigores de la macroeconomía obligaron a trasmutar en una reformulación mucho más paulatina que lo deseable, se convirtió en materia de intensas negociaciones en distintos ámbitos, y no pocas chicanas y jugarretas políticas. A la luz de esto, y de la existencia de distintos proyectos, se acordó discutir en Diputados las diversas iniciativas, de modo que será el Congreso de donde emanará la versión definitiva.
La voluntad de acuerdo, impulsada también por los rigores de las demandas sociales y no pocas presiones externas, rige -también- para la consideración del Régimen de Emergencia Social y de las Organizaciones de la Economía Popular. El texto surgido de la mesa de diálogo entre el gobierno y las organizaciones sociales cuenta ahora con respaldo del consenso y difiere del que -contra la voluntad del oficialismo- se aprobó en el Senado.
Las modificaciones al Código Electoral Nacional, que involucra la reforma política y tiene como aspecto más visible la instauración del voto electrónico, dependen del acuerdo para prosperar, ya que la falta de él sobre algunos puntos -entre ellos, la incorporación de un chip a la boleta- ha provocado que el tema quede momentáneamente trabado.
El listado incluye también modificaciones a las leyes de mercado de capitales; desgravación impositiva para títulos; regulación del pagaré; Unidad de Información Financiera; régimen sobre riesgos del trabajo; el Instituto de Evaluación de Calidad y Equidad Educativa (Iecee); sala de 3 años obligatoria; apoyo para la actividad emprendedora; decomiso de bienes del narcotráfico; protección a víctimas de delitos; modificaciones al Código Penal -en portación, tenencia, acopio, entrega, facilitamiento y tráfico ilegal de armas, y armas de destrucción masiva-; actualización automática de la cuota alimentaria; modificación de la ley de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad; Régimen de la Publicidad Oficial.
Se trata de temas cuya importancia resulta innegable, que remiten a otros tantos debates y cuyo destino no se ciñe a la aprobación automática o el “cajoneo”: la mayoría ya tiene media sanción de alguna de las cámaras, e ítems objetados o discutidos en la otra. Y son parte de una etapa que, por disposición o necesidad -según el caso-, entraña una nueva cultura política.