Prohibieron salir del país al ex jefe de gabinete de Scioli

El Litoral

DyN

La jueza de Garantías platense, Marcela Garmendia, dispuso hoy la inhibición de bienes y la prohibición para salir del país del ex Jefe de Gabinete bonaerense Alberto Pérez, en el marco de la causa por supuesto "lavado de activos" mediante la emisión de facturas apócrifas durante la administración de Daniel Scioli.

La orden, a la que accedió DyN, recayó también contra el ex Subsecretario Administrativo de Pérez, Walter Carbone; la ex Directora General de Administración, Sandra Mamberti y las ex contadoras de esa cartera, Mónica Ripamonti y Alejandra Tavelli.

Todos fueron inhibidos por 15 millones de pesos y no podrán salir del país sin autorización judicial, señala la resolución de Garmendia, que había sido solicitada por el fiscal del caso Álvaro Garganta la semana pasada.

En su dictamen, la jueza Garmendia advirtió al fiscal sobre su negativa de aplicar contra los imputados una medida de "restricción de la libertad" y recordó una denuncia anexada a la causa en la que se investiga "la desaparición de cierta información sensible que sólo puede beneficiar a los imputados de autos".

"Es que, al momento de merituar los peligros procesales, como Juez de Garantías debo tener en cuenta no solo el quantum o la magnitud de la pena en expectativa de los delitos que se le endilgan a los imputados de autos, sino también las condiciones personales así como también la situación socio-económico de los causantes, por lo que estimo cuentan con las facilidades necesarias para abandonar el país o permanecer ocultos", afirma la jueza.

Pérez y Carbone están acusados como "coautores" del delito de "peculado de caudales o efectos en concurso ideal con el delito de administración fraudulenta en perjuicio de la Administración Pública, y con el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público".

Para el fiscal, ambos "sustrajeron (durante 2014 y 2015) en por lo menos 25 ocasiones la suma aproximada de 10.720.347 pesos destinados a supuestos eventos, mediante autorización expresa de pago en efectivo del primero a favor del segundo, que luego rendían con facturas apócrifas".

Para concretar la maniobra, según el expediente, se realizaron 25 eventos de gestión entre el 6 de enero de 2014 y el 21 de octubre de 2015, para los que Pérez y Carbone autorizaron retiros en efectivo, en su mayoría de entre 300 y 700 mil pesos, a cambio de facturas apócrifas que justificaban el desembolso.

Entre los casos se destaca uno del 21 de octubre de 2015, cuando se realizó el "Evento de Presentación del Sistema Integrado de Coordinación Legislativa", fecha en que se autorizó un retiro en efectivo de 700 mil pesos a través de nueve facturas, de las cuales "seis eran apócrifas", entre ellas la de una librería denominada "Pinocho" por 90 mil pesos.

Pérez quedó imputado de haber firmado los anticipos para los diferentes eventos y Carbone de ser "el beneficiario de los anticipos, y quien efectivamente percibió las sumas de dinero en efectivo autorizadas por cada una de las órdenes extra presupuestarias, libradas por orden del entonces Ministro".

La denuncia contra Pérez y su equipo derivó de una presentación que en junio realizó en la justicia platense la diputada Carrió contra la administración Scioli, y la causa cayó en la UFI 11 a cargo del fiscal, Álvaro Garganta, bajo la carátula "lavado de activos y distintas defraudaciones a la administración pública".

En el marco de la investigación el 14 de septiembre el fiscal Garganta ordenó un allanamiento en la casa que Carbone tiene dentro del country Abril, ubicado en el kilómetro 33 de la Autopista Buenos Aires-La Plata, donde encontró una caja fuerte de dos metros vacía dentro de una escultura de un dragón.

Pérez fue citado a declarar el 7 de noviembre pasado, mientras que Carbone lo hizo una semana después, y ambos negaron su participación, al igual que los otros ex funcionarios de la Jefatura de Gabinete que están incluidos en la investigación y que ahora quedaron inhibidos y no podrán salir del país sin una autorización judicial.