Luis Rodrigo
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El Ente Regulador redacta su dictamen, previo al de la Casa Gris (que definirá el porcentaje).
Luis Rodrigo
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—¿Qué dejaron estas tres jornadas de la audiencia pública?
—En un marco de bastante efervescencia ciudadana frente al aumento de tarifas, la participación -a esta altura del año- es rescatable. En el Enress las audiencias no son una novedad y hay un proceso que ha ido decantando: hoy concurren quienes realmente tienen algo que decir y que aportar. Es un ejercicio democrático que hay que profundizarlo.
—¿Cuál fue el mensaje de los usuarios?
—De forma solapada o abierta, muchos han planteado que el problema no es sólo el aumento de tarifas, sino también la forma en que se cobra el servicio: el sistema actual tiene cierto grado de inequidad. Hace años que lo venimos planteando a la concesionaria, sin resultado. Ahora aparentemente se propicia un cambio. Vamos a ver... Para la empresa, la primera pregunta es cuánto debo recaudar para cubrir los costos del servicio. Pero luego habría que preguntarse también cómo lo recauda: ¿todos van a hacer el mismo esfuerzo?
El Régimen Tarifario tiene falencias y desigualdades que cada aumento profundiza. Tratamos de morigerarlas, eliminando la tarifa plana, propiciando la micromedición pero son herramientas parciales que no modifican el régimen. Celebramos el anuncio del Ejecutivo que plantea cambiarlo, bajo criterios claros.
—Terminada la audiencia, el Enress construye su resolución. ¿En qué van a basarse?
—Históricamente observamos dos elementos. Aquella información dura que aporta la empresa y nosotros cotejamos, desde balances hasta algunos indicadores e índices muy concretos, respecto de insumos, personal, costos. Y por otro lado, lo que ha resultado de la audiencia pública en lo que hace a elementos a incorporar.
Pero este año hay un tercer elemento: el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre las tarifas que incorpora los conceptos de gradualidad y de razonabilidad.
El pedido que hace Assa parte de que el gobierno aspira a que la empresa cubra su funcionamiento con sus propios recursos, eliminando los aportes del Estado (al que contribuyen todos los santafesinos, también los que no tienen a Assa como prestador).
Se lo ha planteado por tres años o más y nosotros entendemos que eso puede tener que ver con la progresividad, con cierta gradualidad que habrá que estudiar. Pero también habrá que observar su razonabilidad. Nuestro dictamen va a tener en cuenta lo que dijo el máximo tribunal.
—El aumento puede ser el necesario, pero el tema es que habrá quienes no podrán pagarlo.
—Por eso pensamos que es necesaria una redefinición de tarifa social. A nivel internacional no se discute que la tarifa debe cubrir el costo operativo del servicio. Pero tampoco se cuestiona que quien lo pague pueda hacerlo. No se trata de cobrarles a los que no pueden pagar. Lo planteó la Corte: razonabilidad, progresividad.
Además, hay que incorporar nuevos criterios para la tarifa social, que proviene de un decreto de 1999, que tiene muchas limitaciones. Debe ponerse a tono con el avance de los derechos sociales y responder a un criterio de justicia. Hay una comisión de seguimiento del proceso de transición para Assa, de diputados, senadores y funcionarios del Ejecutivo que, de acuerdo con la ley 12.516, puede hacer muchos aportes.
—Hay un verdadero malestar con respecto al porcentaje que pide Assa.
—Sí. Se lo compara mucho con otras variables, como la inflación, los salarios u otros servicios... Entiendo que la tarifa no puede seguir esos valores mecánicamente, son sólo una referencia. Se deben observar los verdaderos costos. Pero se deben cubrir los costos propios de una empresa eficiente, no cualquier costo.
Se debe cubrir con la tarifa lo que la empresa gastaría actuando eficientemente. No podemos transferirle los costos de ineficiencia de la empresa al usuario. Allí es donde el Estado tiene que asumir sus errores, su inconsistencia. Con tarifas debe sustentarse el costo eficiente de la empresa.
Siempre estamos en esa disputa con la empresa. Porque a la información la tiene la empresa. Nosotros nos movemos con la información que se nos proporciona y tratamos de bucear sobre sus verdaderos costos e intentamos detectar los bolsones o puntos de ineficiencia. A partir de algunas recomendaciones del Enress la empresa va generando acciones correctivas. Tal vez no tan profundas como nos gustaría pero que -en su momento- las evaluamos.
—El gobierno habla de invertir lo necesario para llegar al 100 % de micromedición en 4 años.
—Sí, y plantea un período de transición con una zonificación, algo similar a cómo las municipalidades cobran las tasas, para que no pague lo mismo el centro que los barrios. La micromedición es una política de largo plazo en la que se ha avanzado muy poco. Hace tiempo que venimos reclamándola. Y entendemos que el gobierno deberá tener un fuerte compromiso y cumplir con ese objetivo: son 300 mil micromedidores, que la empresa sola no puede instalar ni comprar.
—Ese número implica una revolución.
—Tanto que viene asociado con la reestructuración tarifaria. Hasta aquí sólo hubo una cosmética en favor de la micromedición, desde la desaparición de la Dipos y la privatización, pasando a la constitución de Assa. Tenía el mejor de los mundos: micromedición donde le convenga a la empresa, sistema catastral donde sea mejor para la empresa. Este sistema perverso pudo funcionar mientras no hubo inflación, después cada aumento provocó diferencias cada vez mayores entre quienes tienen el servicio medido y quienes no. Y entre éstos últimos, unas diferencias enormes entre edificaciones antiguas y modernas.
Todo eso causó una suerte de desaguisado si uno mira cómo se cobra el servicio. Desde que nos toca estar en el Enress, en cada resolución propiciamos este cambio en el régimen tarifario.
Es una práctica aceptada que la empresa tenga objetivos de sustentabilidad, que con la recaudación cubra sus costos de funcionamiento. Pero también es importante cómo se hace esa recaudación. Si no es justa, es mala. Hay que distribuir mejor las cargas.