La provincia es querellante en la megaestafa y aportará pruebas

Corresponsalía Rosario

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La Justicia avaló que el Estado santafesino sea parte querellante en la causa que se sigue en Rosario por una megaestafa inmobiliaria, por unos 80 millones de pesos, por lo que la Fiscalía de Estado, representante del gobierno, podrá pedir medidas y aportar pruebas en una causa en la que se enredan eslabones del mundo financiero con el narcotráfico.

El argumento que usó la Fiscalía de Estado para que la jueza Mónica Lamperti aceptara el pedido fue que los once imputados supuestamente “atentaron contra el bien público”.

“Es importante que la provincia pueda intervenir como parte para, de esa manera, poder coadyuvar con el fiscal de la causa y presentar elementos de prueba”, dijo Pablo Saccone, fiscal de Estado. El funcionario sostuvo que la administración provincial ya ha comenzado a hacer sumarios internos y medidas probatorias que se aportarán a la megacausa y detalló que “la Administración Provincial de Impuestos (API) va a determinar el perjuicio fiscal de los hechos” y también se analiza “el funcionamiento que tuvieron empleados del Registro de la Propiedad” en torno a los hechos que son investigados.

“Hasta ahora, nosotros actuamos por los hechos de los que tuvimos conocimiento por las noticias periodísticas, pero a partir de que la jueza nos ha habilitado la intervención en la causa, podemos tener acceso directo al expediente. De ahora en más, vamos a poder profundizar en las investigaciones”, explicó Saccone.

Once imputados

La causa conocida como la megaestafa, que tiene once imputados, ocho de los cuales están detenidos, se inició hace dos años pero en octubre pasado trascendió a la luz tras una serie de allanamientos que conmovieron el centro rosarino. Los imputados están acusados de defraudación, falsificación de documentos y asociación ilícita.

Esta red, como la definió el fiscal Sebastián Narvaja, tramó estafas y fraudes con más de 50 propiedades. Con dos escribanos se falseaban poderes para realizar transacciones inmobiliarias a espaldas de los dueños verdaderos. Luego, esos inmuebles se vendían varias veces para que las operaciones tomaran un aspecto lícito y se lavara el dinero.

Pero en algunos casos, el ardid fue descubierto. Y los supuestos estafadores, que están acusados también por asociación ilícita, amedrentaron a las víctimas. Fue el caso de Ana L., a quien le adulteraron la escritura de un campo de 124 hectáreas en Villa Amelia, a unos 15 kilómetros de Rosario. La familia propietaria del campo descubrió la estafa y recibió un llamado del empresario Marcelo Jaef, propietario de una clínica de implantes dentales muy reconocida, para que desistiera del reclamo.

Miembros de la red estaban ligados a engranajes del narcotráfico -los Monos y Luis Medina-, como Leandro Pérez, dueño de una concesionaria de autos que se hizo conocido mediáticamente como novio de la vedette Vicky Xipolitakis.

Ése es el punto que une estos dos universos, y uno de los cuales está en la mira de la fiscalía al mando de Narvaja, que envió informes a la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) en los que advierte sobre movimientos y vínculos de imputados en la megacausa por fraudes inmobiliarios con personajes ligados al narcotráfico.

Los imputados que aparecen en este entramado que tiene relación con el dinero proveniente de la droga son Roberto Aymo, Leandro “Lelo” Pérez y el sindicalista Maximiliano González de Gaetano. Fuentes judiciales señalan que el dueño de la clínica de implantes dentales Marcelo Jaef y el agente bursátil, Jorge Oneto, no serían ajenos.

Universo narco

En esta causa, surgió información clave que acerca a estas personas al universo narco. Puntualmente, esta hipótesis apunta, entre otras cuestiones, a las visitas que hicieron los imputados a la cárcel de Piñero, donde estaba alojado Máximo Ariel Cantero, alias Guille, líder de la banda de los Monos. Según las fuentes Aymo y Pérez fueron a visitar a Guille. En las escuchas, surge que Aymo y Pérez intercambian opiniones sobre la reunión con el líder de los Monos. En esas visitas, se habría dado una orden por parte de Cantero, relacionada con la venta de determinadas propiedades de familiares suyos.

Según señala Rosario 12, hay otro punto de relación con los Monos. Aymo aparece como uno de los compradores del VW Bora desde el que fue asesinado uno de los hermanos de Luis “Pollo” Bassi. De Gaetano figura como titular del sindicato de Monteros, que tiene apenas 60 adherentes y los únicos ingresos que le acreditan son depositados por él mismo, tal como surge del legajo judicial.

Sin embargo, llama la atención de los investigadores la propiedad del sindicalista en Pueblo Esther, con caballos de carrera, sauna y otras comodidades. Vale decir que se le encontraron varias armas, incluso entre las pertenencias de su madre discapacitada; y un chaleco policial. En una escucha, se advierte que llama a la casa por un corte de luz y le dice a la familia dónde está guardada cada arma, para luego decir que él está yendo para allá.

Además, la Asociación 18 de Julio, que fue allanada para la causa que lleva adelante la Fiscalía Regional, presentó recientemente una denuncia contra De Gaetano, ya que éste aparecía vinculado con la misma.

Los imputados están acusados de defraudación, falsificación de documentos y asociación ilícita.