Una historia de jueces, policías, narcos y gobernadores

José Curiotto

@josecuriotto

Faltaban pocos minutos para las tres de la tarde del último miércoles, cuando el teléfono del despacho del gobernador Miguel Lifshchitz sonó con una llamada sorprendente: desde hacía algunas horas, la policía de Corrientes mantenía demorado -¿detenido?- al jefe de Drogas Peligrosas de Santa Fe, José Moyano, quien había sido enviado a la vecina provincia para encabezar un operativo antinarco por orden del juez federal de Reconquista, Aldo Alurralde.

El martes, la policía de Santa Fe había detenido en la zona de islas del río Paraná, cerca del puerto de Reconquista, a cuatro hombres a bordo de una lancha que llevaba 40 kilos de marihuana. Esa droga provenía de Goya, desde donde un grupo narcotraficante venía distribuyendo estupefacientes en una amplia región que también abarca a Chaco y Entre Ríos.

Pero lo que se encaminaba a ser un importante operativo antinarcótico ordenado por la Justicia Federal, terminó convirtiéndose en un verdadero escándalo que deja abierta una serie de interrogantes que deberían ser aclarados con premura.

Según relata el gobernador correntino Ricardo Colombi, los policías santafesinos irrumpieron en la costanera de la ciudad de Corrientes, donde buscaron a 16 personas para que actuaran como testigos del operativo que se realizaría luego en Goya, a más de 200 kilómetros de distancia. Obviamente, esto generó un verdadero revuelo en la capital, ya que nadie sabía cuál sería el destino de este grupo policial.

Cuando los santafesinos y los testigos llegaron a Goya, se encontraron con policías correntinos y con el mismísimo gobernador Colombi. Mientras el jefe de Drogas Peligrosas de Santa Fe era detenido, el mandatario provincial exigía explicaciones, argumentando que en ningún momento habían sido notificados de lo que estaba sucediendo y quejándose por el proceder de los policías foráneos en la costanera de la ciudad capital.

A estas alturas de las circunstancias, es posible realizar algunas aclaraciones y sacar una serie de conclusiones.

- Los jueces federales -como Aldo Alurralde- tienen competencia para actuar en todo el país.

- Los jueces federales cuentan con la potestad de utilizar como auxiliares tanto a fuerzas federales, como en este caso a una fuerza provincial.

- El juez Aldo Alurralde no tenía por qué informar a las autoridades políticas correntinas del operativo.

- El magistrado asegura que comunicó su decisión a su par de Corrientes, Carlos Soto Dávila.

- Será importante determinar si dicha información se dio antes, o después de que policías santafesinos irrumpieran en territorio correntino y 16 personas fueran llevadas como testigos desde la costanera de la capital.

- El gobierno de Santa Fe no tiene por qué comunicarse con sus pares correntinos para advertirles de la llegada de policías. Si lo hicieran estarían incumpliendo una orden del juez federal.

- El año pasado el juez de Reconquista ordenó un operativo similar en Goya, pero los sospechosos fueron advertidos y escaparon.

- Se supone que los policías santafesinos buscaron testigos en Corrientes en lugar de hacerlo cerca de Goya, para que éstos no tuvieran la posibilidad de alertar a los narcotraficantes de lo que estaba por ocurrir.

- El proceder de los policías santafesinos no parece haber sido el más acertado. ¿Qué ocurriría si un grupo de policías correntinos irrumpe un miércoles por la madrugada en la costanera de la ciudad de Santa Fe y se lleva a 16 personas con destino incierto? Seguramente se produciría un verdadero revuelo y la preocupación se apoderaría de todos. Mucho más cuando el objetivo de la misión es desarticular una peligrosa banda de narcotraficantes.

- 24 horas después de estos sucesos, el gobernador Colombi reconocía en una entrevista realizada por LT10 Radio Universidad que no tenía la menor idea de quiénes eran estos narcotraficantes que operaban desde su provincia y que tampoco lo había averiguado luego del escándalo.

MORALEJA: Mientras los jueces se desvelan porque no saben en quién pueden confiar, los policías son incapaces de medir las consecuencias de sus actos y algunos gobernadores parecen más preocupados por asumir actitudes de mandamás que por perseguir al delito organizado en sus provincias, los narcotraficantes seguirán teniendo en sus manos las mejores cartas para ganar.