Cobran, pero no trabajan

Cuando en agosto de este año el Ministerio de Educación denunció una serie de presuntas irregularidades en la concesión de licencias médicas a docentes de la provincia, la opinión pública no se sorprendió demasiado. De hecho, se trata de un tema recurrente que aparece cada año en el contexto de las negociaciones paritarias.

Lo llamativo, en todo caso, fue que en esta ocasión se elaboró una lista de alrededor de 50 profesionales de la medicina, supuestamente cómplices de los maestros en la entrega de estas licencias sin fundamento y con el único objetivo de ausentarse de sus funciones laborales.

Frente a estas denuncias, se solicitó a los colegios de médicos de Santa Fe y Rosario que investigaran estos casos. Por ese motivo, desde Educación se les entregó a estas instituciones un listado con nombres de profesionales bajo sospecha.

El Colegio santafesino asegura que están trabajando en esto, aunque sus autoridades se quejan por la forma en que el gobierno manejó el tema en el plano público. Incluso, afirman que algunos de los nombres que aparecían en las nóminas, ni siquiera correspondían a profesionales de la medicina.

En las últimas horas, el tema volvió a sacudir a la opinión pública. Pero esta vez, ya no se trata de meras sospechas planteadas desde ámbitos del Poder Ejecutivo, sino de una investigación judicial que desembocó en la detención de cuatro personas supuestamente involucradas en la adulteración de datos vinculados con reemplazos docentes.

La situación saltó a la luz cuando la directora de una escuela en particular se percató de que había maestros cobrando reemplazos en su establecimiento, cuando en realidad los docentes titulares nunca habían dejado de prestar servicios. Lo que en principio pareció un hecho aislado, terminó derivando en un esquema perfectamente aceitado que habría afectado a 41 escuelas de las ciudades de Santa Fe y Santo Tomé. Por el momento, serían más de 300 los casos de reemplazos fraguados para defraudar a las arcas del Estado provincial.

Si se termina confirmando la figura de asociación ilícita, se trata de un delito que no es excarcelable. Y si efectivamente existió manipulación de los sistemas informáticos, crecen las posibilidades de que las huellas del delito sean indelebles. Por lo tanto, no sería descabellado suponer que esto recién se inicia y que pronto comenzarán a surgir nuevos involucrados.

Frente a esta posibilidad, se plantean interrogantes que inquietan: ¿cuánto dinero se le robó de esta manera al Estado santafesino?, ¿desde cuándo se vienen produciendo estas irregularidades?, ¿cómo fue posible que se utilizaran claves oficiales para ingresar al sistema informático?

La verdad es que, quizá como nunca antes, comienza a correrse el velo que siempre existió sobre el tema de los abusos en los pedidos de licencias médicas en el sector docente. Sobre todo, en las instituciones del sector público aunque, en el caso de los falsos reemplazos, también aparecen afectadas instituciones privadas.

Pero la docencia no parece ser el único ámbito donde se producen estos inconvenientes. De hecho, el ministro de Seguridad, Maximiliano Pullaro, acaba de reconocer que también existen problemas similares en la Policía de la provincia. Y recientemente, el Colegio de Abogados de Santa Fe denunció que los abusos se replican en el Poder Judicial con llamativa frecuencia.

Ante este panorama, resulta imprescindible que desde el Estado se adopten las medidas necesarias para atacar este flagelo pues, en definitiva, los trabajadores del sector privado no tienen por qué sostener este tipo de abusos flagrantes a través del pago de sus impuestos.

Por el momento, serían más de 300 los casos de reemplazos fraguados para defraudar a las arcas del Estado provincial.