Luego del ataque a piedrazos contra el auto del presidente Macri en Mar del Plata, ocurrido meses atrás, se reforzó la seguridad del mandatario para que no hubiera más sorpresas perligrosas. Pero un episodio similar se produjo hace dos días en la localidad de Villa Traful, Neuquén, con mayor gravedad.
El tema es serio porque confirma la actividad destituyente de grupos kirchneristas que vulneran leyes vigentes y reglas políticas en sus manifestaciones opositoras. En este caso, más allá de la responsabilidad que pueda caberle a la ministra de Seguridad de la Nación en el diseño de protección presidencial, un grupo de trabajadores de ATE Neuquén, se organizó para escrachar al primer mandatario, acción que luego se desbordó en una agresión inaceptable.
En declaraciones públicas, el secretario general del mencionado gremio en esa provincia patagónica, Carlos Quintriqueo, expresó: “Hicimos un escrache al presidente por los despidos de trabajadores en organismos nacionales”, aunque desmintió que su sector le hubiera arrojado piedras al vehículo.
Sin embargo, días antes, el mismo sindicalista había proclamado que le iban “a demostrar a este pibe rico que somos rebeldes y que vamos a defender nuestros intereses”. Y lo hicieron.
Entre tanto, el fiscal general de Neuquén, José Geréz, aseguró que el encuentro de Macri con los manifestantes del sindicato ATE fue “casual” porque no se respetó la traza original del recorrido que la comitiva oficial tenía previsto cumplir para llegar al acto. Y de algún modo desliza la responsabilidad hacia Macri por haberse apartado del recorrido para comprar alfajores, lo que motivó el encuentro y la posterior escaramuza. En consecuencia, de seguirse este razonamiento, bastaría con errar una calle para que el presidente de los argentinos ingresara en zona de riesgo.
Es difícil calibrar estos comentarios, que exponen con crudeza los dislates argumentativos de un jefe sindical y un fiscal provincial. Por si fuera poco, Quintriqueo convocó a conferencia de prensa para denunciar la represión de fuerzas de seguridad luego de producido el ataque al vehículo presidencial. En su concepto, se puede agraviar la investidura presidencial -otorgada por los argentinos- pero nada se puede hacer contra los agresores.
En cualquier caso, no se trata de un hecho aislado. Horas antes, con motivo de la muerte de Brian, un menor baleado por motochorros que acababan de cometer un delito en el barrio Flores de Capital Federal, se produjo la toma violenta de la comisaría 38ª. La causa de la protesta, sin duda genuina dada la galopante inseguridad urbana, pronto dio paso a otra cosa cuando barrabravas del fútbol coparon la situación, ingresaron a la comisaría, provocaron todo tipo de destrozos y entonaron distintos cantos contra Rodríguez Larreta y, principalmente, contra Macri. Cuando la situación se descontroló, muchos de los asistentes empezaron a irse y el abuelo de Brian, que hizo otro tanto, manifestó que al día siguiente sería atendido junto a otros vecinos por el ministro de Seguridad de la ciudad de Buenos Aires. Así ocurrió, y al salir de la audiencia expresó que había sido positiva y que los violentos de la noche anterior no eran vecinos del barrio.
Gran parte de esta violencia cotidiana, a la que pueden sumarse los insufribles cortes de las vías de acceso a la ciudad y, dentro de ella, de las principales avenidas, se realiza de acuerdo a modos de acción promovidos por el comando estratégico del kirchnerismo. Otro tanto puede decirse del bloqueo de los servicios públicos, situaciones asociadas que crean una insoportable vivencia del caos, amplificada por los medios de comunicación que responden a la misma consigna: hacerle la vida imposible a los argentinos para que el gobierno caiga. Es que si no cae, son ellos quienes están en dificultades ante los tribunales de Justicia.