Paros envenenados

Esta vez las reacciones se hicieron sentir. Los paros sorpresivos que decreta la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP), más conocida como agrupación de metrodelegados, se salen de caja y pierden verosimilitud argumental. La bronca explícita de la gente es un indicio -Segovia, uno de sus líderes, reconoció que esta vez recibió escupitajos e insultos al por mayor- y la denuncia penal de un usuario, ratifica la pérdida de la paciencia pública.

En su presentación, el afectado que decidió ir a los tribunales, manifiesta que los delegados gremiales se consideran “propietarios del subterráneo y por cualquier motivo, en forma arbitraria y sorpresiva, paran el servicio”. Por ese motivo, acciona por la comisión de los presuntos delitos “de entorpecimiento del servicio público, asociación ilícita, extorsión y atentado contra el derecho a la circulación”. Era hora que alguien reaccionara, porque los fiscales parecen dormir la siesta.

El transporte de pasajeros, sobre todo cuando es masivo, constituye una prestación crítica que debe ponerse a salvo de trabas e imprevisiones, porque cuando se detiene, máxime por razones baladíes, se causa un daño en cadena que quebranta múltiples derechos básicos de los ciudadanos. Desde la pérdida de turnos médicos a la afectación de los salarios. La paralización de actividades en los servicios públicos es un recurso de última instancia que asiste a los trabajadores cuando ocurre una grave vulneración de sus derechos esenciales. Pero en modo alguno puede ser parte de la gimnasia antisistema de sectores de la izquierda dura.

En el último paro de la línea C, que se encuentra en obras de ampliación previstas y comunicadas con tiempo para mejorar las prestaciones en beneficio de cientos de miles de pasajeros, el argumento del desagrado por la calidad de los baños provisorios, provocó una tormenta de rabia entre los usuarios.

Es que vienen de un año en que los cortes sorpresivos de los servicios perjudicaron a todos, con el agregado de una nota de crueldad contra el pueblo al que los metrodelegados dicen servir y cuidar. Mes a mes, los trabajadores sufrieron distintos perjuicios en sus desplazamientos -con la consecuencia de mayores tiempos y costos- e impactos de distintos grados en sus remuneraciones por obra y gracia de un sindicato antisistema que juega a la revolución.

De hecho, su secretariado proviene principalmente del Movimiento al Socialismo (MAS) y del Partido Obrero; tal el caso de su secretario general, Roberto Pianelli, de origen trotskista, y luego asimilado al kirchnerista Unidos y Organizados por su vínculo con Hugo Yasky, de la CTA cristinista. Y otro tanto puede decirse de Néstor Segovia y Dellacarbonara, las figuras más visibles del sindicato.

Este sector ganó lugar en el espacio sindical en detrimento de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), tradicional sindicato que integra la CGT. Es cierto que el reconocimiento de su personería jurídica tardó mucho, todo el período de los Kirchner por obra y gracia del ex ministro Tomada, que lo retrasó cuanto pudo. La aprobación final se produjo el 30-11-2015, y su entrada en vigencia el primer día de diciembre, cuando ya era inminente la asunción del gobierno de Mauricio Macri, luego del triunfo obtenido por voluntad popular.

Transcurrido poco más de un año de aquella festiva comunicación compartida por Tomada y los metrodelegados, las cosas se ven con la claridad de la perspectiva. Esa habilitación, negada durante años, era un regalo más en la explosiva canasta navideña que el kirchnerismo ofrecía al gobierno de Cambiemos.

El nuevo sindicato estuvo a la altura del plan. Le hizo la vida imposible a porteños y provincianos del Gran Buenos Aires, en busca de una furiosa reacción popular que contribuyera a la estrategia destituyente del comando kirchnerista. Funcionales a Cristina, estos sindicalistas provienen de las asambleas populares de 2001/02, cuya consigna era “Que se vayan todos, que no quede ni uno solo”. Su vocación antisistema se visualiza en su desprecio por los partidos políticos y el constante martilleo contra las instituciones vigentes.