Conmutaciones: con más obstáculos y restricciones, evalúan 800 pedidos

Ivana Fux

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Más de 800 reclusos alojados en diferentes cárceles de la provincia, solicitaron el beneficio de la conmutación de pena. El Servicio Penitenciario inició el procedimiento de rutina, que debe impulsar dos veces al año, más allá de la decisión que termine adoptando el gobernador aceptando o desistiendo de firmar el decreto respectivo.

En esta ocasión, operan por primera vez los cambios introducidos en los últimos meses de la gestión de Antonio Bonfatti a partir del caso Mattioli (ver aparte), que vuelve más restrictivo el otorgamiento del beneficio y concede más participación en el proceso de evaluación al Servicio Penitenciario. También por primera vez repercuten las modificaciones al Código de Procedimiento Penal.

En diálogo con El Litoral, el secretario de Asuntos Penitenciarios, Pablo Cococcioni, recordó que el decreto firmado por Bonfatti “amplía la lista de delitos excluidos de la conmutación”, por lo que el beneficio se torna mucho más limitado. “Antes -precisó-, estaban excluidos delitos sexuales, de lesa humanidad, funcionarios públicos y fuerzas de seguridad. Ahora, se amplía y casi todos los homicidios calificados están también excluidos. Es decir que quedan muy pocos casos en los que se puede conmutar, por ejemplo, una pena perpetua”.

Cococcioni dijo que “la otra modificación importante” a la luz del mismo decreto es que se le permite una participación formal en el proceso al Servicio Penitenciario. “El director general que depende de esta Secretaría emite una opinión donde valora y concluye recomendando o desaconsejando la conmutación caso por caso. Antes -recordó-, lo único que hacíamos era recibir el expediente cuando el trámite judicial estaba terminando, y remitirlo al Ministerio de Justicia que elaboraba un dictamen individual”. En esta nueva instancia, el Servicio tiene “responsabilidad y fundamentos sobre la conveniencia o no de conmutar”.

Entrevistas

En cuanto al nuevo Código Penal, impacta directamente sobre la figura del juez de Ejecución. Cococcioni aclaró que el decreto de Bonfatti sigue exigiendo un dictamen del magistrado para respaldar el pedido de la conmutación. “El tema -advirtió- es que ese juez ha variado por el nuevo Código. El sistema tradicional -volvió a plantear- preveía un juez de ejecución fijo con asiento en la cárcel, y había tres: Alejandro Tizón, en Santa Fe; Julio César Arri, en Coronda, y Luciana Prunotto, en Rosario.

“Excepto Prunotto, que no sabemos cómo se insertará en el nuevo sistema, la situación de los otros dos jueces se resolvió por otra vía: Arri se jubiló y Tizón pasó a ser camarista. Entonces, ¿cómo se genera la opinión del juez para los presos que dependen de Santa Fe y Coronda? Es una materia ya regida por el sistema nuevo, en el que el juez de ejecución no es fijo -reiteró-, sino rotativo entre todos los jueces del Colegio de Jueces de primera instancia”. Cococcioni aclaró que en Rosario ya se estableció un mecanismo de rotación, que se da “cada seis meses o un año”. En Santa Fe, en cambio, “el colegio no designó a uno específicamente para ejecución, por lo que el tema se resuelve mediante un sorteo en cada caso. Así, se determinan también las libertades condicionales o salidas transitorias. Pero en el caso de las conmutaciones -reparó-, el hecho representa un problema, porque al juez de ejecución se le pide opinión partiendo de la base de que conoce al interno y tiene un seguimiento de su conducta. En Rosario, al haberse establecido un período (seis meses a un año) no hay mayores problemas. Pero en Santa Fe y Coronda, las causas que pertenecen al viejo sistema como no tienen juez, pasan a jueces subrogantes que se turnan; y las del nuevo sistema, tienen un juez que se sortea cada vez”.

“Problema”

Ante el contexto descripto, Cococcioni advirtió que “no hay forma de tener un juez con una mínima permanencia en la función de ejecución penal. Entonces, mientras una salida transitoria la puede resolver cualquiera, una conmutación exige un compromiso y cierto conocimiento íntegro del interno y no sólo del trámite”. Según contó, la manera de salvar la situación que halló el Colegio para los presos de Santa Fe y Coronda fue la de citar a cada preso en condiciones de ser conmutado para “conocerlos en una entrevista personal”.

“Esto ya se empezó a hacer -aclaró-, pero obviamente, implica demorar bastante más todo el trámite porque esos mismos jueces son los que tienen que seguir atendiendo los demás trámites. Entonces, se lleva a un grupo de presos semanalmente pero hasta que se completen los 800 va a pasar algún tiempo. Es un mecanismo curioso, pero es lo que decidieron los jueces y no tenemos más que aceptarlo”, se quejó.

Cococcioni consideró que la temática de Ejecución “nunca estuvo muy bien contemplada” en el nuevo Código, “y ahora, como se aproxima el final del sistema conclusional, hay un poco de incertidumbre. Pero esto es lo que se está haciendo”.

Por último, sostuvo que el procedimiento “se complejiza más porque antes el juez de ejecución podía tener algún criterio uniforme; ahora, puede suceder que un juez opine que a un condenado hay que bajarle un año de condena, y otro juez por un caso similar, considere que hay que rebajarle un mes. Al no haber un juez de ejecución especializado, los criterios pueden ser disímiles”.

—¿Eso es mejor o peor que antes?

—Es una cuestión valorativa. Tiene ventajas y desventajas. La figura del juez de Ejecución tiene muchos inconvenientes sobre todo derivados de la dificultad para actuar imparcialmente en un ámbito que ya conoce, pero este sistema tiene como desventaja la falta de uniformidad de los criterios. Así, puede ser que dos condenados estén en la misma situación y la resolución sea diferente porque los jueces son diferentes. El que te toca en el sorteo puede definir cómo te va en el pedido de conmutación.

820 internos solicitaron la conmutación de penas, sobre una población carcelaria de más de cinco mil reclusos.

"Mientras una salida transitoria la puede resolver cualquiera, una conmutación exige un compromiso y cierto conocimiento íntegro del interno y no sólo del trámite". Pablo Cococcioni, Secretario de Asuntos Penitenciarios

Ecos del caso Mattioli En agosto de 2015, un escándalo estallaba a pocos meses de finalizar la gestión del gobernador Antonio Bonfatti. Se conocía un decreto de conmutación de penas que concedía el beneficio a César Ceballos, uno de los responsables del doble crimen cometido en 2007 en la localidad de Rincón, donde fueron asesinados Rubén Mattioli y su hijo. Horas después, trascendía que un año antes, se había concedido idéntico beneficio a otro de los homicidas del mismo caso. El hecho derivó en el relevo de la por entonces secretaria de Asuntos Penales, Débora Cotichini, y en la firma de un nuevo decreto donde el Poder Ejecutivo se autolimita de conceder el beneficio a condenados por homicidios calificados.

Pocos Cococcioni estimó que de los más de 800 pedidos recibidos para la reducción de pena “quedará en pie un centenar”, y advirtió que “ninguna de las opiniones previas al eventual decreto del gobernador es vinculante”. Por lo tanto, el Poder Ejecutivo puede “negarle el beneficio a quien tiene dictamen favorable o concedérselo a quien tiene un informe negativo”. Incluso, puede desistir de firmar el decreto en cuestión.