La Justicia como servicio

La sostenida demanda de la sociedad sobre el Poder Judicial obligó a revisar algunos de los criterios tradicionales sobre la manera en que éste se desempeña, en lo que hace a la manera en que da respuesta a esos reclamos y a los criterios utilizados en su desenvolvimiento.

El foco de atención suele estar puesto en la órbita de los tribunales penales, dado que el impacto de la criminalidad, tanto sobre la opinión pública como sobre la calidad de vida de las personas -en orden a la percepción de seguridad- es determinante.

En tal sentido, la puesta en marcha del nuevo sistema procesal penal no solamente adecuó el desarrollo de las causas a los estándares de garantías exigidos por la Constitución; también buscó propiciar mayor agilidad, inmediatez y protección de las víctimas. Los avances en este sentido son sustanciales, si bien fueron necesarios correctivos en aspectos sensibles -juicios abreviados y prisión preventiva-, la Legislatura aún adeuda el tratamiento de otros “retoques”, que conspiran contra la eficiencia.

Tras el período “fundacional”, la elección del nuevo staff de fiscales y defensores generales y regionales trae como ventaja la acumulación de experiencia de los candidatos; y como desafío, la necesidad de acertar con los perfiles requeridos para avanzar en el perfeccionamiento de la ejecución del sistema.

Pero a la vez, el servicio de Justicia abarca todo un universo que no es el que suele dominar los titulares de los medios de comunicación, ni siempre alcanza estado público.

Por un lado, la existencia de suficientes juzgados, con provisión de cargos y cobertura de vacantes en tiempo y forma, atraviesa los debates políticos e institucionales, pero indudablemente representa un mayor o menor grado de capacidad de respuesta a la demanda.

Lo mismo puede decirse del propio desenvolvimiento de las oficinas. Más allá del consabido tema de la variable contracción al trabajo de los magistrados -encomiable a veces, aceptable muchas y muy cuestionable otras-, la acumulación de trámites y expedientes -en ocasiones, por defecto propio de las regulaciones, y en otras, por efecto de la acción especulativa de determinados profesionales- es un aspecto determinante en relación con el crucial tema de “los tiempos de la Justicia”.

Al respecto, los avances en orden a la desburocratización, “despapelización” y gestión profesionalizada de los recursos humanos, también redundan en beneficio directo de los ciudadanos.

En este aspecto, también pueden apuntarse carriles determinantes que deberán ser transitados por los responsables de los tres poderes del Estado: la sanción de un nuevo Código de Faltas -que supere la inconstitucionalidad del actual, viciado todavía por la subsistencia del sistema inquisitivo- y también propiciar modificaciones en otros procedimientos, como el civil y comercial y el laboral, que permitan agilizar los trámites mediante la simplificación, la aplicación de criterios de racionalidad administrativa, y la aplicación y perfeccionamiento de instancias de conciliación, entre otros ítems.

Por cierto que se trata de una tarea tan ciclópea como imposible de culminar, de modo que debe ser encarada como un tránsito permanente hacia una mejora cada vez mayor. En todo caso, el parámetro rector de ese tránsito -el faro que lo guíe- debe ser el del interés de los ciudadanos, por encima de circunstancias coyunturales o de intereses de sector, y en asumir de una vez a la Justicia como un derecho al que se debe poder acceder de manera acabada y satisfactoria. Y, desde la otra parte, como una obligación y un servicio.