La rescisión del contrato debe ser investigada

Por Mario Lacava (*)

La rescisión consensuada de la concesión de la autopista Santa Fe-Rosario representa una estafa a los usuarios de esa vía de comunicación, que pagaron altas tarifas por servicios que no se brindaron; y al Estado santafesino, que hoy recibe una autopista destrozada y sin la repavimentación completa que por contrato le correspondía a las empresas concesionarias. El gobierno de Miguel Lifschitz firmó el decreto 5.194 el 30 de diciembre de 2016, cuando moría el año y para que nadie se entere, avalando la rescisión.

En sus considerandos, relata el diario El Litoral, “plantea que la provincia como concedente advirtió ‘en numerosas oportunidades’ el incumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato”, e intimó a Arssa “desde el inicio de la concesión a cumplirlas”. Pero a renglón seguido, sostiene que “resultaría injusto cargar a la concesionaria de la responsabilidad del total estado que presenta la calzada”, al tiempo que reconoce que las tareas de bacheo realizadas por la empresa “están por encima de lo ofertado e incluso de lo proyectado para los diez años de la concesión”. Aun así, el decreto observa que “el estado actual de la calzada presenta graves deterioros, los que avanzan ensu magnitud con el transcurso del tiempo, afectando seriamente las condiciones de circulación y de seguridad vial”. Bla bla bla. Ni fu ni fa. Típica forma de expresarse en idioma socialista.

Tamañas contradicciones sólo es posible encontrar en el permanente doble discurso del oficialismo gobernante. Repasemos: si Arssa fue intimada y no cumplió, no cumplió y debe pagar por ello. Si Arssa se encontró con una autopista en pésimas condiciones, tendrá que hacerse cargo por el riesgo empresario que asumió cuando ganó la licitación de la concesión. Si Arssa hizo más bacheos que los previstos en el contrato, se tendrían que descontar estos bacheos realizados de más del costo de la repavimentación de 250 km que durante cinco años no hicieron y que era la principal obligación contractual de la concesionaria.

Si hubo culpa del Estado debería explicitarse en qué consistió esa culpa, quiénes son los funcionarios que incumplieron con su responsabilidad y cuál es el perjuicio económico que su conducta acarreó al Estado. Si hubo culpas concurrentes, ¿cuáles fueron las culpas de cada lado y en qué términos económicos se produjo la compensación que se invoca en la rescisión consensuada? El inconsistente relato socialista para justificar esta poco clara rescisión ofende la inteligencia de los santafesinos a los que parece considerar tontos.

Durante cinco años denuncié, desde la Cámara de Diputados, que esta concesión había empezado mal y que iba a terminar peor. Y así fue. Con la complicidad del gobierno socialista, terminó peor para los usuarios de la autopista y para todos los santafesinos, que tendrán que pagar los costos de esta estafa.

Algunos números para entender de qué estamos hablando:

- 46.000 vehículos por día pasan por la autopista, cerca de 17 millones de vehículos por año.

- 170 millones de pesos al año (informe recaudación 2015) dejaron esos vehículos en la caja recaudadora de Arssa.

- La principal obligación contractual de Arssa era repavimentar todo los 320 km. En los primeros 5 años de la concesión. Sólo repavimentaron y mal 70 km.

Creo que esto merece ser sometido a una investigación seria e independiente para que la impunidad y el “borrón y cuenta nueva” no se imponga como método para tapar responsabilidades políticas y graves perjuicios económicos que tendremos que pagar todos.

(*) ex diputado provincial