De la Redacción de El Litoral
El imputado no declaró, pero pidió al fiscal Gauna Chapero seguridad para su familia ante el temor de que les incendien la casa.
De la Redacción de El Litoral
Un grupo de entre 50 y 80 personas se concentró ayer, frente al edificio de los Tribunales de Vera, para reclamar a las autoridades judiciales que apliquen una dura sanción al mecánico de 43 años, Carlos Alberto Díaz, acusado por el abuso sexual de dos hermanas de 8 y 18 años, con las cuales mantenía una relación de convivencia.
“La audiencia comenzó alrededor de las 11.30 del viernes y se pidió la medida cautelar de prisión preventiva sin plazos por parte del MPA”, informó hoy el fiscal en feria Martín Gauna Chapero. El desenlace se produjo “cerca de las dos de la tarde, cuando al término de la audiencia el juez Mauricio Martelossi resolvió hacer lugar al pedido de la fiscalía”.
A propósito de los manifestantes, el fiscal destacó que eran “unas 50 ú 80 personas” que pedían duras sanciones para el acusado, incluso la pena máxima de “prisión perpetua”. “El enojo era contra la administración de justicia en general, y me pedían que pidiera perpetua”, dijo Gauna Chapero.
Además del reclamo vehemente, algunos de los presentes iniciaron una hoguera en el acceso principal de los tribunales verenses, y si bien el edificio contaba con custodia policial, el personal evitó por todos los medios confrontar con los manifestantes, en su mayoría mujeres, que se retiraron después de la audiencia, no obstante lo cual se produjeron demoras para desalojar el edificio.
Infraganti
Díaz, quien fuera detenido el lunes a las 00.50 de la madrugada cuando personal del Comando Radioléctrico lo sorprendió violando a una nena de 8 años, se mantuvo en silencio durante la audiencia en la que tuvo tratamiento la medida cautelar. Su defensa, a cargo del abogado Martín Ignacio Cáceres, del Servicio Público Provincial, no cuestionó la calificación legal ni la evidencia aportada por la fiscalía, sin embargo, postuló alternativas a la prisión preventiva y solicitó la imposición de plazos de 60 ó 90 días para su encierro.
En cambio, el fiscal Gauna Chapero le pidió al juez Martelossi, que atento a la gravedad del hecho y los riesgos que implicaría para la investigación como para las víctimas y su entorno la libertad del sujeto, éste permanezca tras las rejas sin plazos, hasta la llegada del juicio oral.
Si bien no declaró en ninguna de las dos audiencias (imputativa y de prisión preventiva), una vez finalizado el acto, le pidió al fiscal que le brinde protección a sus familiares que quedaron en la casa de calle 9 de Julio y pasaje Bonacci, ya que comenzaron a circular versiones en las redes sociales de que “nos van a incendiar la casa con todos adentro”, le dijo.
A raíz del planteo y en función del grupo familiar que quedó en el lugar, se ordenó un personal de consigna a cargo de la custodia. “No queremos que pase a mayores”, reconoció el fiscal, que también destinó una custodia para la madre y sus dos hijas víctimas de los abusos, que debieron mudarse de otro familiar apenas radicaron la denuncia.
Violencia y miedo
A propósito de la causa, Díaz fue imputado por “abuso sexual con acceso carnal doblemente agravado por su condición de guardador y haber sido cometido contra una menor de 18 años, aprovechando la situación de convivencia preexistente con el mismo”, en cuanto a la víctima de 8 años.
Respecto de su hermana mayor, le atribuyó “abuso sexual con acceso carnal” por un episodio ocurrido el último sábado por la tarde en la casa de su tía; y por los abusos sufridos desde los 11 años en forma reiterada hasta la fecha reciente. Además le imputó “corrupción de menores agravado”.
Surge de las declaraciones de las víctimas y demás personas que componen el entorno familiar que Díaz “era un hombre muy agresivo” y las mujeres de la casa “le tenían miedo”. “Las tenía como cautivas”, señaló el fiscal que calificó a las víctimas como “cultural y económicamente vulnerables”.
El imputado mantenía relaciones íntimas con tres hermanas de 43, 39 y 30 años, de las cuales la mayor es su esposa con la que tuvo cuatro hijos legítimos. No obstante, los mismos testigos cuentan que el ahora acusado, que se desempeñaba como mecánico y era el sostén de las tres familias, habría tenido hijos con las tres hermanas, naturalizando en los niños un ámbito de promiscuidad pocas veces visto.