El Senado anticipó la polémica sobre el agua cordobesa

Luis Rodrigo

En mayo, en junio, en octubre y en diciembre del año pasado el Senado santafesino tocó el tema que -en lo que va de enero- cubrió la realidad política de Santa Fe: el agua. En especial, el Senado se ocupó de aquella que proviene de Córdoba.

Es interesante advertir que mucho antes del pase de facturas dentro del Frente Progresista por los efectos de la canalización de excedentes hídricos cordobeses, del desplazamiento de funcionarios y de sus fuertes declaraciones (incluso más duras que las de la oposición), en el Senado provincial el tema ocupó varias jornadas de debate.

Hubo pedidos de informes, comunicaciones, reuniones con funcionarios y no pocas manifestaciones desde las bancas. En todos los casos, se aprobaron proyectos por unanimidad que advirtieron lo mismo: mientras Santa Fe procuraba ante la Nación que se unificaran las políticas sobre las cuencas hídricas comunes, en Córdoba las obras avanzaban, con o sin permiso.

El 11 de mayo de 2016, El Litoral tituló “Córdoba se libra del agua y preocupa al oeste santafesino”; el 10 de octubre “Córdoba drena sus excedentes hídricos” y el 4 de noviembre “Agua de Córdoba, inundación local”, siempre a propósito del debate en el Senado. Y en comparación con enero y fines de diciembre, aún no había llovido.

Hoy no es posible saber a ciencia cierta cuánto de las pérdidas que sufre el sistema productivo santafesino pudo evitarse con una inversión millonaria en obras. Al respecto, sólo existen opiniones.

No se sabe cuántos metros cúbicos por segundo escurrían los canales cuestionados antes de su ensanche y cuánto ahora y -mucho menos -qué cantidad de agua provino de la provincia vecina y cuánta del cielo.

Conviene repasar aquellas opiniones. Roberto Porta, el funcionario eyectado por el gobernador Miguel Lifstchitz de la Secretaría de Recursos Hídricos dijo “si me hubieran escuchado en su momento, tal vez se hubiese disminuido el impacto de la catástrofe hídrica”. El ministro José Garibay, en cambio, afirmó que “la provincia de Córdoba no ha sido una causa, han sido otros múltiples factores”.

En tanto, la senadora que preside la Comisión de Asuntos Hídricos, Cristina Berra (PJ-San Martín) prefirió también ser muy cauta. Su opinión es relevante porque ha sido quien impulsó todas las acciones que el Senado llevó a cabo frente a las obras en Córdoba, fue quien puso el tema en agenda y porque es la autora de una Ley de Aguas que tiene media sanción: un código que crea políticas de Estado pero -tras dos años de discusión- no avanzó en Diputados.

“No sé si se hubieran evitado anegamientos, porque estamos ante una catástrofe climática, es demasiada el agua que cayó; pero si durante todos estos años se hubieran hecho obras hídricas importantes, sí se hubiesen podido evitar algunas inundaciones”, expresó.

En síntesis, hay más adjetivos y verbos en potencial que certezas. Es lo que cualquier dirigente político hace ante la ausencia de números, de estudios, y sobre todo de planificación.

El ordenamiento institucional del país es federal y en consecuencia así se han dividido sus jurisdicciones y su territorio formado por provincias, pero el agua parece ser unitaria y acaso salvaje, a juzgar por lo que nos ha hecho.

También es unitaria la visión que -más allá de las internas que conocen políticos y periodistas- dejan las gestiones en el ciudadano común, que ha pasado una semana en plena emergencia como espectador de las complejidades políticas y partidarias de una pelea pública entre el funcionario saliente, entrante o quedante, que debe resultarle tan ajena como irritante.