Verdades a medias y una visión que niega la labor de la Justicia

José Curiotto

@josecuriotto

Como si el gobierno no tuviera numerosos frentes abiertos debido a la extensa lista de problemas que aqueja al país, el militar retirado, ex carapintada -participó de los levantamientos de Semana Santa contra Raúl Alfonsín- y actual titular de la Aduana, Juan José Gómez Centurión, consideró que durante la última dictadura militar no hubo un “plan sistemático para hacer desaparecer personas”, sino que fue “un torpísimo golpe de Estado lidiando con un enemigo al que no sabía cómo manejar y que había arrancado en el 75 con una orden constitucional de aniquilamiento... Lo de plan sistemático es un adjetivo; objetivamente la realidad es otra”.

“No es lo mismo 8 mil verdades, que 22 mil mentiras”, añadió con respecto a las supuestas 30 mil personas desaparecidas en la Argentina durante el gobierno militar.

Como era de esperar, sus dichos generaron el inmediato rechazo de todo el arco opositor y de los organismos de derechos humanos. Las reacciones no se quedaron allí: un aliado del gobierno, como la Unión Cívica Radical, también criticó estas declaraciones hasta que, finalmente, comenzaron a surgir las voces desde el oficialismo en el mismo sentido.

Carlos Avruj, secretario de Derechos Humanos de la Nación, dijo que “esas opiniones son a título personal” y “no son compartidas desde ningún punto de vista y no pueden ser tomadas como representativas del pensamiento del gobierno”.

La ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, y el ministro de Justicia, Germán Garavano, se manifestaron de igual manera: “La Justicia ya se ha pronunciado al respecto”, recordó el funcionario.

El ministro de Interior, Rogelio Frigerio, un hombre del equipo más cercano al presidente Mauricio Macri, también se despegó de las palabras de Gómez Centurión y opinó: “Que haya un solo desaparecido ya es un problema gravísimo. Creo que lo que tenemos que hacer en la Argentina es mirar adelante” y trabajar para “resolver los problemas concretos de todos los días de los argentinos”.

Finalmente, ante este escenario, el titular de la Aduana se disculpó por sus dichos, aunque no se retractó: “Ofrezco una sincera disculpa a cualquier persona que pudiera haberse sentido ofendida por lo expresado o las interpretaciones derivadas de ello”.

Conclusiones

A más de 40 años del último golpe militar y a pesar de los avances producidos en la Justicia, es evidente que el país no ha logrado cerrar aquel capítulo funesto de su historia.

Con respecto a los dichos de Gómez Centurión, y como suele suceder en estos casos, se entremezclan algunas verdades con una mirada sesgada de lo que las evidencias muestran de manera contundente.

En primer lugar, es verdad que la orden de “aniquilamiento” de las organizaciones guerrilleras tiene como antecedente un decreto del gobierno de Isabel Perón, fechado el 5 de febrero de 1975. Fue el comienzo del denominado Operativo Independencia.

Pero también es cierto que a partir del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 aquel proceso se extendió en todo el país, a través de un plan sistemático ideado y puesto en práctica por las Fuerzas Armadas. Los 340 centros clandestinos de detención, los “vuelos de la muerte” y miles de testimonios de protagonistas directos, representan pruebas irrefutables de que, lejos de haber sido una reacción caótica frente al terrorismo, se trató de un esquema planificado.

También es verdad que la Conadep pudo comprobar la existencia de cerca de 9 mil desaparecidos, y no de 30 mil casos. Puede que el número no sea lo más importante. Pero quienes insisten en sostener esta cifra como bandera, suelen reaccionar como si la desaparición de 9 mil personas no fuese una tragedia suficiente como para haber marcado a fuego la historia del país.

Ante las palabras de Gómez Centurión, algunos salieron rápidamente a pedir que sea apartado de su cargo. Otros, como Graciela Fernández Meijide -madre de un desaparecido-, consideró que echarlo “sería negarle el derecho a las ideas y las palabras”.

Es cierto que cada uno tiene derecho a defender sus ideas y a expresarse libremente. Sin embargo, en este caso no se trata de un particular, sino de alguien que desde un cargo público -al que accede por decisión del Poder Ejecutivo- niega abiertamente los veredictos del Poder Judicial. Desde su lugar de funcionario, refuta las conclusiones a las que arribó la Justicia a través de procesos en los que se respetaron las leyes y el Estado de derecho.

Aunque Gómez Centurión lo rechace públicamente, la existencia de un plan sistemático para terminar con la guerrilla fue ratificada por el histórico Juicio a las Juntas Militares y por otros tribunales en centenares de causas que se tramitaron durante las últimas décadas.

Al menos por ahora, el funcionario fue ratificado en su puesto. Pero desde el punto de vista institucional, lo sucedido deja al gobierno en una situación sumamente endeble.