Una fuga que alimenta las sospechas

Miguel Antonio Ferreira es paraguayo, tiene 31 años y el 20 de octubre del año pasado fue detenido en un peaje mientras llevaba 203 kilos de marihuana, disimulados en un doble fondo de una camioneta. El lunes de esta semana, logró escapar sin demasiado esfuerzo de la Alcaidía de la ciudad de Vera.

Lo ocurrido representa un hecho gravísimo por múltiples razones. En primer lugar, porque un preso acusado de narcotráfico no debería estar alojado en un sitio como este. Sin embargo, la falta de cárceles federales en la provincia de Santa Fe obliga a las autoridades a tomar este tipo de decisiones.

En estos momentos, más de 300 presos federales se encuentran a disposición de la provincia. De ese total, 180 tienen condena firme. Hace años que Santa Fe reclama a la Nación algún tipo de solución a este problema. Sin embargo, las respuestas no aparecen.

Pero más allá de las falencias en infraestructura carcelaria, lo cierto es que no se entiende cómo pudo Ferreira escapar de su lugar de confinamiento. Se sabe que contó con la ayuda de dos presos, pero difícilmente esto resulte suficiente como para huir con tanta facilidad.

Frente a las características de los hechos, resulta inevitable que las sospechas recaigan sobre policías provinciales que, por acción u omisión, no cumplieron con su deber. Por este motivo, la cúpula policial de la Alcaidía y los agentes que se encontraban en el momento de la fuga fueron apartados de sus cargos.

El caso está plagado de elementos que generan un manto de dudas sobre el accionar policial. En primer lugar, el juez federal de Reconquista, Aldo Alurralde, reveló que la policía jamás le informó sobre la fuga de este narco paraguayo. Según el magistrado, se enteró a través de una radio de lo que estaba sucediendo en Vera.

Eso no es todo. Cuando Ferreira abandonó el penal, detuvo a un remís y tomó al conductor de rehén. A punta de cuchillo, lo obligó a conducir hasta las inmediaciones de la ciudad de Santo Tomé. Esto significa que recorrieron cerca de 300 kilómetros en territorio provincial sin que la policía fuera capaz de interceptarlos.

En este caso, las fuerzas policiales no pueden alegar ignorancia. Poco después de la fuga, efectivos se presentaron en la sede de la empresa de remises de Vera para la que trabaja el chofer secuestrado. Allí, los responsables informaron que algo inusual estaba sucediendo, pues habían perdido todo tipo de comunicación con este remisero.

No fue demasiado difícil atar cabos y relacionar esta desaparición con la fuga del penal. A pesar de tratarse de un remís, perfectamente identificado, el delincuente atravesó gran parte del territorio provincial sin sobresaltos. Sólo se supo que había liberado al remisero cerca de Santo Tomé, después de que el chofer hiciera la denuncia. Hasta ese momento, se había perdido todo tipo de rastros.

El hecho de que un narcotraficante escapara de la Alcaidía es tan grave, como que la policía no avisara a tiempo al juez Alurralde de lo sucedido, o que el delincuente recorriera casi 300 kilómetros por territorio provincial sin ser detenido.

Lo sucedido amerita una fuerte reacción del poder político y una eficiente investigación en materia judicial. Los responsables deberán ser individualizados cuanto antes. No sólo para que rindan cuentas de sus actos, sino para que no prime la sensación de que la corrupción o la incapacidad extrema continúan imperando.