José E. Bordón
José E. Bordón
No es novedad que Santa Fe fue la provincia más afectada por las recientes lluvias que provocaron inundaciones en grandes franjas del centro-oeste y sur, donde aún se pueden evaluar sus consecuencias. Más allá de las estimaciones oficiales, las entidades agropecuarias, que reúnen a los productores, ésos que piden obras y no se resignan a que no se las concreten, hay por estos días una gran preocupación en pueblos y ciudades, porque está en riesgo la cadena de pagos.
La razón es simple de entender: el productor no produce, no cobra y por lo tanto tampoco paga. Y el vendedor experimenta la misma situación. Dicen los cercanos a la situación que el mayor problema hoy, después de un par de semanas sin lluvias, es el lucro cesante de las explotaciones. La hacienda debió ser trasladada a potreros no anegados; decenas de equipos y maquinarias quedaron empantanados sin poder prestar servicios, y ahora es más evidente la falta de granos para la alimentación de los rodeos, y la merma sostenida en los rendimientos de la campaña agrícola y la labor tambera.
Recientemente, Coninagro, una de las entidades que conforman la Mesa de Enlace Agropecuario, evaluó los perjuicios a partir de los cuatro temporales registrados desde el 16 de diciembre de 2016 hasta el 15 de enero de 2017. Según ese relevamiento, hoy se encuentra en riesgo entre el 10 y el 15% de la producción total del país. En nuestra provincia, hubo 18 de los 19 departamentos de su conformación geopolítica afectados por el fenómeno. 70 localidades quedaron bajo las aguas y 600 personas debieron evacuar sus viviendas en la emergencia.
Las lluvias afectaron 4.000.000 de hectáreas, de las cuales 1.500.000 hectáreas lo están en “forma crítica”. Ello representa el 25% de la superficie productiva de la provincia con problemas. No es poco frente a la realidad que viven nuestros productores. El impacto más duro lo recibieron los cultivos de soja, maíz y girasol. Pero donde mejor se dimensiona la catástrofe es en la lechería. 1.350 tambos fueron desactivados, por lo que la emergencia afectó a 150.000 vacas. Por ello se perdieron 1.800.000 litros de leche/día. El cálculo no es antojadizo: 54.000.000 litros de leche se perderán en el mes. Si se cuantifican dichas pérdidas se arriba a un monto escalofriante: 17.000 millones de dólares de pérdidas económicas productivas.
A su vez, el Inta Rafaela apuntó que las precipitaciones acumuladas entre el 1º de diciembre de 2016 y el 9 de enero de 2017, alcanzaron los 425 mm. “Esta situación se vio agravada por la escasa profundidad de la napa freática al inicio del temporal (1 m, según la Estación Meteorológica EEA Rafaela), combinación que ha provocado pérdidas parciales en lotes de sojas de primera, pérdidas totales en los de segunda y además retrasó la siembra de maíces tardíos o de segunda. Por eso, se plantean algunas posibilidades de producción (soja y maíz) para los sistemas agrícolas del centro santafesino, con el objetivo de evitar perder una campaña, contabilizando los riesgos que se asumirían en función de la época del año”, remarcó el informe al que hace referencia este escrito.
A mitad de enero, el gobierno de Santa Fe buscó un responsable: Córdoba, de donde ingresa -por las obras de canalización realizadas en tiempo y forma- agua del Este de esa provincia. El argumento se esfumó rápidamente. Las autoridades tienen que aprovechar esta pausa meteorológica para encarar un efectivo plan de manejo del agua. En otras palabras: basta de palabras; vayan a los hechos.