La relación entre cualquier administración de gobierno y los gremios representantes de empleados públicos siempre será tensa. Es que, tal como sucede con los sindicatos del área privada y los sectores empresarios, dicha tensión forma parte de la naturaleza misma del vínculo entre ambas partes.

Sin embargo, existen límites que jamás deberían ser traspasados. No sólo porque exceden las normas básicas de civilidad, sino porque atentan contra las leyes mismas.

Eso es lo que sucedió esta semana en la ciudad de Gálvez, donde grupos sindicales atacaron a concejales, mientras intentaban aprobar la emergencia económica del municipio local.

Se trató de un verdadero escándalo. El miércoles por la tarde, los ediles se aprestaban a tratar una ordenanza que, entre otros puntos, suspende por lo que resta del año la incorporación de personal al municipio, debido a una grave situación económica generada a partir del embargo de las cuentas oficiales.

En este contexto, sectores gremiales comenzaron a presionar a los ediles para que la ordenanza no fuera aprobada. Hubo agresiones verbales, escupitajos. Cuando la noche caía, cortaron la electricidad en la sala de sesiones, por lo que los concejales decidieron continuar debatiendo en la habitación donde funciona la Presidencia del Concejo.

Allí, los gremialistas rompieron las puertas, tiraron gas pimienta y arrojaron una pesada mesa contra un grupo de ediles. Tal fue la violencia, que la presidenta del cuerpo, Alicia Vuelta, sufrió una descompensación y debió ser trasladada en una ambulancia. También recibió atención médica un concejal que se moviliza en silla de ruedas.

El Concejo ya había aprobado la emergencia económica del municipio, pero el intendente Mario Fissore decidió vetarla. Por ese motivo, se convocó a esta sesión extraordinaria donde la suspensión de nuevas contrataciones terminó siendo avalada por las dos terceras partes de los concejales.

Los problemas económicos de la ciudad no son nuevos. Tanto es así que las cuentas bancarias del municipio estuvieron embargadas por una orden judicial, a partir del reclamo laboral de una ex empleada.

La reacción del Ejecutivo galvense fue bastante ambigua. En un primer momento, el secretario de Gobierno del municipio intentó explicar lo sucedido, argumentando que desde hace mucho tiempo existen puestos vacantes que deben ser cubiertos para garantizar el funcionamiento de la ciudad.

Pocas horas después, el intendente Fissore mostró algo de sentido común: expresó su solidaridad hacia los concejales atacados y, aunque insistió en que no está de acuerdo con lo que ellos aprobaron, reconoció que el Concejo “es uno de los organismos del gobierno y la caja de resonancia de toda la población”.

Al menos por ahora, el gobierno provincial no analiza la posibilidad de intervenir la Municipalidad de Gálvez. Aun así, saben que la situación es realmente delicada. A tal punto que deberán analizar de qué manera enviar remesas de dinero a esa ciudad sin que esos fondos corran el riesgo de ser embargados.

En estos momentos, se impone la necesidad de que la Justicia cumpla con su labor. Los responsables de estas conductas deben rendir cuentas de sus actos. De lo contrario, lo sucedido en Gálvez representará un antecedente oscuro y temerario. La tensión continúa latente.