Una casa de dos plantas y pileta construida sobre un “asentamiento irregular”; un departamento en Buenos Aires y una quinta en Villa California, forman parte de la lista, que incluye dos camiones, dos camionetas, un auto y una lancha.
Juliano Salierno
A dos meses de la detención del capo narco de Alto Verde, Sergio Villarroel, el fiscal federal Nº 1, Walter Rodríguez solicitó una medida judicial tendiente a asegurar el decomiso de los bienes patrimoniales producto del negocio delictivo.
“Las autoridades judiciales no deben mantenerse indiferentes a la hora de evaluar la pertinencia de medidas cautelares tendientes a asegurar el decomiso del producto y provecho del delito”, sostuvo Rodríguez en un escrito dirigido al juez federal Nº 2, Francisco Miño.
El alcance del documento apunta a Sergio Norberto Villarroel y su concubina Débora Vanina Flores, ambos procesados el 26 de diciembre por infracción a la ley 23.737 de estupefacientes con embargos de 400.000 y 600.000 pesos respectivamente.
En el caso del “Zurdo”, se le atribuyó el rol de “organizador” en los delitos de “comercio de estupefaciente” y “tenencia de estupefacientes con fines de comercialización”, en ambos agravado por la participación de tres o más personas. Su pareja en cambio, fue procesada junto a Leonardo Gamarra y el “cabezón” Luis Alberto González como coautores de los delitos de “comercio de estupefacientes” y “tenencia con fines” agravado.
Asentamiento irregular
El fiscal cuestionó que Villarroel y Flores se manifestaron falsamente cuando fueron intimados por el juez al expresar “no tener bienes para ofrecer a embargo”. Si bien Rodríguez reconoce que “tal falacia no es sancionable”, solicitó “urgentes medidas de naturaleza patrimonial” a los fines de una futura condena.
En ese sentido, Rodríguez se refirió a lo normado por el artículo 23 del Código Penal, el cual “no ofrece dudas en punto a la necesidad de dar respuesta ante el destino otorgado a las ganancias producidas por el tráfico ilegal de drogas, como tampoco acerca de que esta organización criminal liderada por Villarroel opera en la región desde un tiempo considerable y anterior al inicio de la investigación (año 2014)”.
Según una minuciosa tarea de inteligencia, a cargo de Prefectura Naval, la Dirección General de Prevención de Adicciones de la Provincia y la delegación local de la Policía Federal, se pudo determinar que la casa en la que habitaba la pareja narco, una pintoresca residencia de dos plantas, con parque y pileta de natación, se encuentra asentada sobre una zona de “asentamientos irregulares”. Basta transitar por la calle Demetrio Gómez, donde a la altura de la manzana Nº 1 y tras una larga hilera de ranchos y casas precarias, surge imponente la casa del narco.
“El importante inmueble allí ubicado está emplazado de manera ilegítima”, sostiene la Fiscalía. Como sustento, un informe de Catastro de la provincia señala que las tierras donde se construyó esa casa pertenecen a la Administración de Puertos Paraná Medio dependiente de la Subsecretaría de Puertos y vías Navegables del Ministerio de Transporte de la Nación.
Otros bienes
Pero no es ese el único inmueble que surge de la pesquisa. El fiscal busca determinar la propiedad de un terreno de Sauce Viejo -Juan Díaz de Solís al 1500-, donde existe un galpón que fue allanado por Prefectura Naval en diciembre pasado en busca de material estupefaciente y donde sólo se encontraron algunas armas.
Otro es el caso de una casa-quinta de San José del Rincón, allanada el 10 de diciembre en el operativo conjunto que realizaron fuerzas provinciales y federales. La vivienda está ubicada en calle Del Sol 3170, en el residencial barrio Villa California. En ese sentido, existen datos confiables que permiten determinar que el bien inmueble habría sido adquirido por Flores con posterioridad al inicio de la investigación.
A la lista se suman dos camiones de las marcas Iveco y Volkswagen, y un departamento en calle Mathew 1720 del Partido de San Martín, provincia de Buenos Aires. Todos estos bienes fueron oportunamente ofrecidos por Villarroel como parte de pago de un inmueble de mayor valor ubicado en Sauce Viejo según operatorias llevadas a cabo en octubre de 2015.
Para el fiscal Rodríguez está claro que “los imputados utilizaron como mecánica engañosa habitual la no registración de los bienes adquiridos, con el elocuente objetivo de disimular el real poder de disposición que tienen sobre los mismos”, concluye el documento presentado el pasado viernes al juez de la causa.
La Fiscalía pretende desarticular la trama económica de la organización delictiva liderada por el presidente del club Defensores de Alto Verde. Foto: Mauricio Garín
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