Télam - DyN
El gobierno pedirá un “veredicto técnico” a la Auditoría General de la Nación, para “despejar dudas”.
Télam - DyN
El jefe de Gabinete, Marcos Peña, dijo hoy que no hay “conflicto de intereses” en el proceso que desembocó en el acuerdo entre el Estado y el Correo Argentino, y anunció que el gobierno solicitará “con carácter de urgente” a la Cámara Federal una resolución de la cuestión y además le pedirá que intervenga a la Auditoría General de la Nación (AGN) para que brinde un “veredicto técnico”.
Así, lo afirmó Peña esta mañana en una conferencia de prensa que ofreció junto al ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, en la residencia de Olivos tras la reunión de gabinete que encabezó el presidente Mauricio Macri.
Antes de iniciar la ronda de preguntas, Peña sacó el tema y defendió la “total transparencia en todo el proceso”, a la vez que aclaró que la cuestión “jamás fue debatida en forma puntual” por el presidente Macri, ya que “es un tema técnico, en el que el Estado interviene con las áreas jurídicas de los ministerios”.
En ese marco, y para “despejar cualquier tipo de duda”, el jefe de Gabinete anunció la incorporación de “nuevas instancias”, como la solicitud a la AGN para que “dé un veredicto técnico antes de suscribir la postura definitiva” y también una auditoría de la Procuración del Tesoro para saber cómo se llegó al acuerdo.
Asimismo, el gobierno le solicitará a la Cámara Federal una audiencia “lo más rápido posible, con carácter de urgente, para pedirle que aborde la problemática de manera integral” y que “eventualmente convoque a expertos independientes que den una mirada sobre cuál debería ser la resolución”.
Por su parte, el ministro Aguad dijo que esta tarde concurrirá al Congreso para dar todas las explicaciones necesarias al bloque del oficialismo y que está “a disposición” del Parlamento en su conjunto para cuando lo convoquen.
La oposición define
En tanto, los dirigentes de los bloques de diputados del Frente Renovador, Justicialista y Progresistas, entre otros de la oposición, darán a conocer esta tarde su posición y los pasos que tomarán con relación al polémico acuerdo.
El líder del Frente Renovador, Sergio Massa; Margarita Stolbizer, del GEN, y Oscar Romero, del Bloque Justicialista, entre otros, iban a ofrecer una conferencia de prensa para plantear una posición conjunta en torno al acuerdo, al que cuestionan.
La bancada del Frente para la Victoria-PJ, que también cuestionó fuertemente el acuerdo, no fue invitada a la conferencia de prensa organizada por los otros bloques de la oposición, dijeron sus voceros a Télam.
Massa había anticipado el sábado en un programa de televisión que el Frente Renovador reclamará al gobierno que “vuelva para atrás” el acuerdo, que fija el monto de la cancelación de deudas fiscales del Correo Argentino cuando estaba en manos del Grupo Macri.
El dirigente del Frente Renovador no descartó que la comisión de Comunicaciones, que preside el diputado de Unidos por una Nueva Argentina, Juan Fernando Brügge, pueda citar a funcionarios del gobierno actual y del anterior para que brinden información al respecto.
Las manos lejos del fuego
La titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, aseguró hoy que no puede poner “las manos en el fuego” por el presidente Mauricio Macri ni por ningún otro funcionario, sino cumplir su función de analizar los hechos para determinar si se cumplió, o no, con la ley de ética pública.
“Yo pongo las manos en el fuego por mí, no puedo poner las manos en el fuego por ningún otro funcionario, porque estoy en la Oficina Anticorrupción y muchas veces nos toca investigar a funcionarios”, dijo Alonso al ser consultada por radio La Red.
“Creo que los controles preventivos existen y están sugeridos por la fiscal Boquin; por eso ahora nos abocamos a este hecho”, dijo Alonso, que no obstante consideró que hubiese sido “saludable” en “términos institucionales” que antes de firmar el acuerdo, el Ministerio de Comunicaciones hubiese consultado a la Oficina Anticorrupción.
Investigan si hubo delito
El procurador General del Tesoro, Carlos Balbín, ordenó un sumario administrativo y una auditoría para esclarecer cómo fue que se llegó a un acuerdo entre el Estado y el Correo Argentino, en el marco del concurso preventivo de la empresa, que fue rechazado por “abusivo” por parte de la fiscal de Cámara del fuero comercial, Gabriela Boquin.
Según la resolución a la que a accedió DyN esta noche, la Procuración se pronunció a raíz del dictamen que firmó el viernes pasado el fiscal Nacional de Investigaciones Administrativas, Sergio Rodríguez, para evaluar la falta de competencia que tuvieron los funcionarios públicos del Ministerio de Comunicaciones que avalaron el convenio y la posible violación a la Ley de Etica Pública.
Fuentes del caso confirmaron a DyN que la decisión del procurador implica revisar el papel de los abogados del Estado durante los últimos 15 años. En tanto, se encomendó a la División Nacional de Auditoría de la Procuración la realización de una auditoria para evaluar la actuación de los representantes del Estado nacional.
Además de pedir la intervención de los abogados del Estado, el fiscal Rodríguez también impulsó una denuncia penal basada en la maniobra descripta por la fiscal General, Gabriela Boquin, en su apelación a la Cámara Comercial, que -a su entender- podría configurar un intento de defraudación por administración infiel por parte de los funcionarios públicos intervinientes, porque a su criterio se “convalidaría un perjuicio patrimonial multimillonario”.
Rodríguez también sostuvo que deberá ser analizada bajo la posible comisión del delito de “tráfico de influencias“ y posibles “negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública”.
"Acá no hay nada absolutamente raro, sino que hay la vocación de resolver un problema que muchos opositores, entre ellos la ex presidente que denuncia livianamente, no se ocupó de resolver cuando ellos gobernaron”.
Marcos Peña, jefe de Gabinete
Stolbizer
La diputada nacional y líder de GEN, Margarita Stolbizer, volvió hoy a cargar contra el acuerdo entre el gobierno y el Correo Argentino, al definirlo como “perjudicial para el Estado”, pero dijo creer “en la buena fe” de su principal impulsor, el ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad. La diputada recordó que habló con ese ministro sobre el convenio y consideró que, “frente a la inacción de todos estos años del gobierno anterior, si él no hacía algo para cobrarle la deuda a (la familia) Macri, él era pasible de que se lo denunciara por incumplimiento de los deberes de funcionario, que es lo que ocurre con los anteriores. Entonces, avanzaron en el cobro, pero terminaron atrapados en la realidad que tiene el ponerle la firma a un acuerdo de este tipo”, finalizó.