Las esquirlas de la Amia

José Curiotto

@josecuriotto

La bomba que el 18 de julio de 1994 estalló frente a la Asociación Mutual Israelita Argentina (Amia) no sólo acabó con 85 vidas y representó el mayor atentado terrorista de la historia latinoamericana, sino que dejó al descubierto una rancia e interminable cadena de sospechas, corrupción e ineficiencia, en la que aparecen involucrados dos ex presidentes y numerosos actores protagónicos de la vida pública del país.

La “causa madre” que desde hace más de dos décadas intenta dar con los responsables del atentado -cinco iraníes surgen como imputados pero uno de ellos ya falleció-, se encuentra paralizada ante la imposibilidad de juzgar a los sospechosos que siguen prófugos. El titular de la Unidad Especial de Investigación del Atentado a la Amia, Mario Cimadevilla, adelantó que existen conversaciones avanzadas en el Congreso de la Nación para impulsar una ley en este sentido, de manera tal que los iraníes puedan ser juzgados en ausencia por los tribunales argentinos.

Pero aquella causa fue apenas el principio. A ella se le deben sumar otros casos colaterales que se fueron multiplicando con el paso del tiempo.

A estas alturas de las circunstancias, viene bien hacer memoria y pasar en limpio la situación. Quizá pocos lo recuerden, pero desde agosto de 2015 se juzga por encubrimiento al ex presidente Carlos Menem; al ex titular de la Side, Hugo Anzorreguy; al ex jefe de la Policía Metropolitana, Jorge Palacios; al ex titular de la Daia, Rubén Beraja; y a quien durante una década fuera el juez instructor de la causa por el atentado a la mutual judía, Juan José Galeano. Aunque parezca mentira, ese juicio continúa a casi 23 años del atentado.

Pero mientras aquellos ex funcionarios eran investigados por plantar pistas falsas y encubrir a los verdaderos responsables del atentado, el fiscal Nisman sorprendió con una nueva denuncia. Fue en enero de 2015, cuando aseguró tener pruebas de que el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner avanzaba hacia un pacto con Irán, con el objetivo final de desligar a los sospechosos del atentado a cambio de ciertos negocios entre ambos países.

Entre los señalados por Nisman aparecían, además de Cristina Fernández, el ex canciller Héctor Timerman, el piquetero Luis D’Elía, el líder de Quebracho, Fernando Esteche, el diputado Andrés Larroque, el ex juez Héctor Yrimia, el presunto espía Allan Bogado y el sindicado como nexo con Irán, Jorge Khalil.

En los últimos días, el fiscal federal Gerardo Pollicita amplió la nómina de sospechosos e incluyó como posibles encubridores al ex ministro de Planificación, Julio de Vido; al ex jefe de la AFI, Oscar Parrilli; al ex secretario de Legal y Técnica, Carlos Alberto Zannini, y a la ex procuradora del Tesoro, Angelina Abonna.

El 19 de enero de 2015, Nisman debía presentarse ante el Congreso para exponer sus argumentos. Sin embargo, un día antes apareció muerto en su departamento de Puerto Madero. Su deceso dio lugar a la apertura de una nueva causa colateral al atentado contra la Amia. Lo sucedido hasta el momento representa, sin lugar a dudas, un verdadero bochorno. Dos años después de aquella muerte, la Justicia ni siquiera fue capaz de determinar cuál es la hipótesis más firme: si Nisman se suicidó o lo mataron.

En definitiva, los eslabones de esta cadena de impunidad se siguen multiplicando: la causa inicial del atentado está en punto muerto, aún no hay sentencia contra los primeros encubridores, la nueva causa por encubrimiento parece estar en pañales y nadie sabe hasta el momento cómo murió Nisman.

La bomba del 18 de julio de 1994 no sólo mató a 85 inocentes, sino que sus esquirlas dejaron al desnudo las peores miserias de la Justicia y del poder político de la Argentina. La explosión de la Amia se convirtió en un espejo que refleja fracasos, desgracia y desencanto.

A casi 23 años del atentado, sólo existen cuentas pendientes.